El Supremo revisará la contratación de Ángeles Gallardo como directora de Seguridad de Sant Antoni

El Supremo revisará la sentencia que estimó la apelación del Ayuntamiento portmanyí y que revocó el auto anterior del Juzgado de lo Contencioso Administrativo número 1 de Palma, que asumía los argumentos de Javier Verdugo respecto a diversas irregularidades cometidas en la contratación de Ángeles Gallardo.

El auto de la Sala Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears, de 20 de diciembre de 2017, admite el recurso presentado por María de Cortes Risueño, abogada de Verdugo, y acuerda el emplazamiento de las partes ante la Sala del Tribunal Supremo, así como la remisión de los autos originales y el expediente administrativo.

En los razonamientos jurídicos se indica que «se identifican con precisión las normas de Derecho estatal o de la Unión Europea, o de la jurisprudencia, que se consideran infringida, y que fueron alegadas en el proceso». En este sentido, añade que se invoca a la vulneración del artículo 12 de la Ley 7/2007, de 12 de abril del Estatuto Básico del Empleado Público y vulneración por aplicación incorrecta del artículo 104 de la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local.

Asimismo, se invoca que «la infracción de las normas y jurisprudencia referidas han sido tan relevantes y tan determinantes para el fallo de la sentencia, que una correcta aplicación de las mismas habría dado lugar a un resultado totalmente diferente».

El auto por el que se da traslado del caso al Alto Tribunal indica que «frente a esta resolución no cabe recurso alguno».

Dos años de tribunales

La contratación de Ángeles Gallardo llega al Supremo después de dos años en los tribunales y con dos sentencias. En noviembre de 2016, la jueza del Juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 1 de Palma, Sonia Martín, firmaba una sentencia que tumbaba la contratación de Ángeles Gallardo como directora de Seguridad de Sant Antoni. «Debo anular y anulo por nulidad de pleno derecho todas las resoluciones impugnadas» sobre la aprobación definitiva de la plantilla orgánica y creación del cargo de director técnico de Seguridad, que contiene el nombramiento como cargo de confianza de Ángeles Gallardo», sentenciaba tras la demanda presentada por Verdugo.

El auto fue recurrido por el Ayuntamiento de Sant Antoni. En octubre de 2017 la Sala de lo Contencioso Administrativo del TSJIB estimó la apelación de Sant Antoni y revocó la sentencia anterior del Juzgado de lo Contencioso Administrativo que había otorgado la razón a Verdugo.

EL APUNTE

Un juzgado de Ibiza investiga una denuncia de acoso laboral

La resolución sobre la contratación de Ángeles Gallardo como directora técnico de Seguridad no es el único frente judicial que mantienen abierto Javier Verdugo y el Ayuntamiento de Sant Antoni. Así, en paralelo a la decisión del Alto Tribunal, el jefe de la Policía Local de Sant Antoni está pendiente de la decisión que debe adoptar el titular del juzgado de Instrucción número 4 de Ibiza, Santiago Pinsach, en relación a la demanda presentada por Verdugo contra la concejal de Governació, Aída Alcaraz, por un presunto delito de acoso en el ámbito profesional. La semana pasada declaró por este caso Ángeles Gallardo, quien testificó ante el juez a petición de la defensa de la tercera teniente de Alcalde de Sant Antoni. En el escrito de denuncia, Verdugo exponía que desde noviembre de 2015 Alcaraz ha ejercido de «manera implacable y sistemática» un acoso moral en el trabajo, lesionando su reputación y dignidad.