Imagen de archivo de una redada contra la explotación laboral en un local de restauración. El año pasado, los inspectores de Trabajo realizaron un centenar de actuaciones conjuntas con las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Las prácticas fraudulentas en el mercado laboral balear persisten pese a la recuperación de la economía. La Inspección de Trabajo detectó 1.544 empleos irregulares a lo largo del año pasado, según figura en la memoria del colectivo. En cualquier caso, se trata de una cifra ligeramente inferior a la de 2016, de modo que la economía sumergida no crece en las Islas.

Del total de empleos irregulares, 62 eran extranjeros sin permiso de trabajo, mientras que el resto eran empleados que no estaban dados de alta en la Seguridad Social. En total, los inspectores levantaron 637 actas por estas faltas con una propuesta global de sanción de 2,7 millones de euros.

De todos modos, el fraude en materia laboral no se ciñe solo a la economía sumergida y en 2017 los inspectores realizaron 8.834 órdenes de servicio en materia de Seguridad Social, economía irregular y extranjeros, de las que 2.818 responden a denuncias realizadas por terceros. La mayoría, 5.633, estaban planificadas. Para detectar fraude con la Seguridad Social, los inspectores realizaron 5.703 visitas a centros de trabajo, de las que un centenar requirieron la actuación de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado.

Sectores

Estas órdenes de servicio son los expedientes que incoan los inspectores, que pueden acabar o no en sanción. Según la actividad de las empresas, la mayoría de estas órdenes se realizaron en el sector servicios, dada su relevancia en la economía de Balears. Así, el año pasado y en materia de Seguridad Social, Extranjería y Economía irregular, se incoaron 2.633 expedientes en hostelería, 1.834 en comercio y 1.165 en construcción.

Como resultado de esta actividad, se detectaron 6.878 trabajadores afectados por alguna práctica irregular relacionada con la Seguridad Social -incluidos los que trabajaban en la economía sumergida- y se levantaron 1.560 actas de infracción con una propuesta de sanción global de casi 8 millones de euros. Cabe señalar que las sanciones por incumplimientos con la Seguridad Social son muy elevadas, ya que la multa mínima es de 3.000 euros. En el caso de que exista un trabajador que cobre la prestación por desempleo, la sanción que debe pagar el empresario es de 10.000 euros. En cambio, las multas en materia de relaciones laborales, es decir, de fraude en la contratación, son menores, ya que el importe mínimo es de 626 euros.

Como resultado de la actividad inspectora, se obtuvo una recaudación de cotizaciones de la Seguridad Social superior a los 20 millones de euros. Asimismo, se elaboraron 44 informes dirigidos a reducir la morosidad de empresas con la Seguridad Social por importe de 669.181 euros.

Para este año se han previsto 10.126 órdenes de servicios en materia de Seguridad Social, economía irregular y trabajo de extranjeros, de las que buena parte estarán dirigidas fundamentalmente al sector servicios.

EL DATO

125 ACTAS DE INFRACCIÓN GRAVES
Son las que se levantaron a trabajadores en materia de prestaciones de desempleo, bien por compatibilización indebida, bien por irregularidades en la modalidad de pago único.

LOS DETALLES

1 - Más de 9.000 contratos temporales pasaron a ser indefinidos

En materia de Empleo y Relaciones Laborales, los inspectores de Trabajo de Balears realizaron 2.059 requerimientos a empresas de las Islas para que transformaran 9.027 contratos temporales en indefinidos al detectar que estaban en fraude de ley durante el año pasado.

2 - Casi la mitad de la actividad inspectora, planificada por el Govern

En este mandato se ha incrementado la planificación autonómica de la actividad inspectora, que es la referente a empleo y relaciones laborales, y a prevención de riesgos laborales. Prácticamente la mitad corresponden a las planificadas por el Govern a través de la Conselleria de Treball.

3 - Más actuaciones para vigilar el fraude en la contratación

Con el objetivo de mejorar la calidad del empleo en las Islas, este año aumentarán de nuevo las acciones para controlar los contratos temporales. Se llevarán a cabo 900 actuaciones, que representan un 38 % más que en 2017, a las que hay que sumar las del plan extraordinario del verano.