Además de la ecotasa en los cruceros y el pago de la carrera profesional, el tercer artículo de los Presupuestos sobre el que pesa la amenaza de un recurso de inconstitucionalidad es el que garantiza el acceso a la sanidad para todos los residentes en Balears, incluidos los inmigrantes sin papeles. El Supremo anuló una norma parecida aprobada en Valencia.

Cerca de 30.000 funcionarios del Govern –un total de 28.379– pueden perder los pluses de carrera profesional y de sexenios si el Gobierno central cumple su amenaza y presenta un recurso de inconstitucionalidad contra tres artículos de los Presupuestos autonómicos para este año, incluido el 23, que es el que regula el pago de estos complementos. El Gobierno ha enviado a Balears una nota en relación a los Presupuestos de este año en la que advierte de que tres disposiciones pueden ser ilegales: el pago de la carrera profesional, el derecho a la sanidad universal para los residentes en las Islas, incluidos los inmigrantes sin papeles, y la subida de la ecotasa en los cruceros.

La amenaza no afecta a la subida de la ecotasa en general, como se publicó ayer por error, sino al incremento en los cruceros. El Gobierno argumenta que el Govern se excede en sus competencias, ya que no puede regular este tipo de tributación en aguas jurisdiccionales españolas.

La consellera d’Hisenda, Catalina Cladera, aseguró ayer que el Govern abrirá negociaciones con el Gobierno para tratar de evitar la presentación de estos recursos, pero simultáneamente quiso recalcar el celo «vigilante» hacia las comunidades autónomas por parte del Gobierno de Rajoy.

Amenaza de huelga

El sindicato UGT fue mucho más allá que la consellera en sus denuncias. Anunció que promoverá una huelga general de funcionarios si la delegada del Gobierno, Maria Salom, mantiene su intención de impugnar el complemento de carrera profesional para los empleados públicos recogido en los Presupuestos.

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La posible impugnación de la carrera profesional llega por dos caminos diferentes, de ahí la queja de UGT contra Maria Salom. Por un lado, está la amenaza del recurso de inconstitucionalidad del Gobierno central, en el que no ha tomado parte la delegada del Gobierno, pero además está la impugnación de los pluses de carrera profesional de los ayuntamientos de Palma y Santa Eugènia y del Consell de Mallorca. Aquí la intervención de Salom ha sido directa ya que es ella quien ha presentado la impugnación.

El secretario general de la Federación de Servicios Públicos de UGT Balears, Miguel Ángel Romero, acusó a la delegada de utilizar a los empleados públicos de las Islas para hacer méritos ante su partido con el objetivo de ser eurodiputada.

La carrera profesional es un complemento que se paga a la funcionarios en función de su formación complementaria con cursos y otra mejoras formativas, pero hasta ahora se ha estado pagando sin que se hayan tenido en cuenta estos méritos y atendiendo estrictamente a la antigüedad de los empleados.

EL APUNTE

Los Presupuestos del Estado incluyen los 67 millones ‘retenidos’ por Montoro

Los Presupuestos del Gobierno para el año que viene incluyen los 67 millones de euros de financiación que tenía ‘retenidos’ el ministro Cristóbal Montoro. Las cuentas que ayer aprobó el Consejo de ministros incorporan un aumento de 4.020 millones en la financiación de las comunidades autónomas, lo que representa una subida del 4 por ciento. En este aumento figuran los 67 millones retenidos por el ministro de Hacienda a la espera de que se aprueben las cuentas. Que figuren en el proyecto de Presupuestos no significa, sin embargo, que ese dinero llega a Balears. Para que el Govern reciba ese dinero debe darse un paso fundamental y que ahora mismo no está en absoluto asegurado: que el congreso dé el visto bueno a las cuentas. Ciudadanos ha dicho que las apoya pero sus votos no bastan.