Una de las normas que se deben ajustar es la que afecta a la regulación de la carrera profesional. No tiene que ver con las cantidades que se pagan, que es lo que acaba de cuestionar el Gobierno, sino con los criterios que se utilizan para pagarla.

El Pacte tendrá que corregir media docena de leyes que ha aprobado esta legislatura –al menos seis por el momento–, porque presentan errores importantes, algunos graves, o porque sobre ellas pesan advertencias de ilegalidad o dudas jurídicas planteadas tanto por la Abogacia de la Comunitat como por la Abogacía del Estado. Entre las leyes que deben modificarse, corregirse o precisarse están algunas tan importantes como las de Urbanismo y Turismo.

Fuentes del Pacte señalan que se trata de dar más garantías jurídicas a algunas de las normas aprobadas, pero en algunos casos se trata de flagrantes errores cometidos durante la tramitación, como es el caso de la Ley de Urbanismo. Tal y como salió el texto del Parlament, en este momento está prohibido realizar obras de reforma y ampliación en todos los núcleos tradicionales rurales de las Islas, como Biniali, entre otros. Esta prohibición total solo debía afectar a las urbanizaciones ilegales, pero por error se extendió también a este tipo de núcleos y ahora debe enmendarse éste y otros aspectos erróneos de menor importancia.

Por lo que respecta a la carrera profesional, los cambios afectarán a la regulación del pago de este complemento, sobre el que existen dudas jurídicas y un aviso de posibles ilegalidades. La modificación no guarda relación con el reciente aviso del Gobierno central sobre el pago de este complemento, sino con los criterios que se han marcado para justificar los pagos a los funcionarios.

Otra de las leyes ‘estrella’ que se deberá modificar es la de Turismo, que ya se tuvo que cambiar vía decreto-ley nada más aprobarse. En este caso, los cambios afectan a la regulación de las agencias de viajes, que deben adaptarse a normativa europea.

Más leyes

Otra norma que se cambiará es la Funció Pública, en este caso, para garantizar el complemento de fidelización de permanencia que cobran los médicos de Menorca, Eivissa y Formentera, sobre que el que hay dudas jurídicas. También se modificará la redacción de la norma que garantiza el pago de los meses de verano a los profesores interinos porque sobre ella también hay dudas legales. Además se prevén cambios en la Ley de Ordenación Farmacéutica y en la que regula las Cámaras de Comercio.

La vía elegida por los partidos de izquierda para hacer todos estos cambios no es, precisamente, ortodoxa desde un punto de vista legislativo: está previsto que los partidos de presenten enmiendas a una norma que en estos momentos está en tramitación, la proposición de racionalización y simplificación del ordenamiento legal, que hará las veces de ‘ley escoba’ que recogerá todos estos cambios y tal vez algunos más. El Govern se garantiza así una tramitación ‘exprés’, algo que habría sido mucho más complicado por la vía legislativa ordinaria.

El dato

37 LEYES APROBADAS EN 33 MESES DE LEGISLATURA

La hiperproducción legislativa del Pacte no tiene parangón: el Parlament ha aprobado un total de 37 leyes en 33 meses de legislatura, incluyendo los meses sin actividad.

Las claves de la propuesta

1 - Cambios sin informes preceptivos, sin memoria y sin participación

El hecho de que la vía elegida para hacer estos cambios sea la de enmiendas a una proposición de ley implica que el Govern se ahorra trámites como los informes jurídicos, las memorias justificativas y los procesos de audiencia y participación de los ciudadanos. Todo es mucho más rápido.

2 - Sin tiempo para aprobar todo lo que queda pendiente por ahora

Los partidos de izquierdas tendrán muchas dificultades para aprobar todos los proyectos de ley que han anunciado. No queda tiempo para todo y habrá que tener prioridades. Se apuesta seguro por la ley agraria y la de cambio climático, pero muchas otras no llegarán a tramitarse.

3 - Otros cambios que se han incorporado, pero que tienen problemas

El Govern ya había recurrido a la vía de introducir en otras leyes precisiones para dar garantías legales a medidas ya aprobadas, Pasó con la asistencia sanitaria a los inmigrantes, que tuvo que confirmarse en la Ley de Presupuestos de este año, pero que ahora cuestiona el Gobierno.