Sin orden judicial no hay precinto. Esta fue la respuesta dada ayer por Agustín Sales, el propietario del chalé de Sant Antoni sobre el que pesa una orden demolición por obras irregulares, a la comitiva municipal que se personó ayer ante su propiedad. Minutos antes del mediodía, sendas patrullas de la Policía Local de Sant Antoni y de la Guardia Civil se personaban en la vivienda localizada en el número 2 de la calle General Gotarredona. Acompañando a la Policía Local, una funcionaria municipal del departamento de Actividades.
La delegación iba con el propósito de precintar el chalé, pero ya desde el primer momento Sales dejó claro que no iba a dar facilidades. El pasado viernes, el dueño del inmueble presentó un recurso contra la orden de salojo dada por el Ayuntamiento de Sant Antoni.
Ayer por la mañana, el dueño del chalé que ha llegado a dar alojamiento a un centenar de personas exigió una orden judicial a los agentes de la Policía Local que habían acudido para proceder al precinto. Agustín abrió la puerta de la vivienda y atendió a la comitiva manteniéndose en todo momento en el umbral que da acceso al chalé que se encuentra en el ojo del huracán desde el verano pasado.
Auxilio judicial
Los funcionarios permanecieron en la zona durante unos 20 minutos. Sales les recibió en la puerta y desde el primer momento dejó claro su negativa a cualquier acción sobre el edificio. A preguntas de los agentes, el dueño del inmueble aseguró desconocer el número de personas alojadas en el día de ayer y que el único menor que había era un familiar suyo.
Ante esta tesitura, el Ayuntamiento confía en la vía judicial para poder llevar a cabo el desalojo. Así lo indicó la concejal de Urbanismo y Actividades, Cristina Ribas, quien advirtió que la situación que se había planteado estaba «dentro de las previsiones». La negativa del dueño del chalé era «previsible después del recurso presentado por Sales» el pasado viernes.
Ribas indicó que en el recurso Sales anunciaba la interposición de un recurso contencioso contra el Consistorio. Respecto a este punto, la edil de Sant Antoni aseguró que no tienen notificación alguna de dicho Contencioso.
Ribas añadió que además del ‘auxilio judicial’, el Ayuntamiento impondrá a partir de ahora una serie de multas coercitivas. Así, según explicó, una vez superado el plazo para presentar el proyecto de demolición de las zonas denunciadas, el Consistorio impondrá mensualmente una multa que ronda los 105.000 euros, el 10 por ciento del valor de la obra.
Paralelamente, Sales también será sancionado por no cesar el uso de la vivienda. En conjunto las multas mensuales serán de unos 212.000 euros. Las sanciones se podrían prolongar durante un año y después el Ayuntamiento «podría, subsidiariamente, demoler el inmueble». Ribas añadió que el propietario «no ha querido colaborar y ha pedido a la gente que vive allí que no se desaloje», unas 80 personas, según declaró Sales hace unas semanas.
Ayer, Agustín Sales rechazó hacer declaraciones a los medios de comunicación ya que, según puntualizó, «sólo dan las versiones del Consell de Eivissa y el Ayuntamiento de Sant Antoni».
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