El tribunal de la Sección Primera de la Audiencia Provincial empezó ayer a juzgar a Trimboli, el ingeniero que se enfrenta a una petición fiscal de 4 años de prisión junto a su mujer como presuntos autores de un delito de estafa en forma agravada. La vista oral arrancó sin la presencia de su mujer, de 87 años y quien alegó problemas de salud. No obstante, Trimboli no estuvo sólo en el banquillo ya que por el delito de alzamiento de bienes también estaban encausados otros dos accionistas, P. K., quien se desplazó desde Tailandia, y E. B., trasladada desde la prisión de Palma.
La vista oral arrancó una hora más tarde debido a la ausencia de alguno de los implicados y a la negociación entre las partes. Ya en la sala, el tribunal explicó a los acusados que el juicio arrancaba en Ibiza y continuaría en Palma, en una fecha próxima al 15 de octubre, sin la necesidad de que comparezcan los dos acusados que acompañaban ayer a Trimboli y que renunciaron a su derecho a última palabra, si finalmente el caso no se resuelve por el preacuerdo alcanzado entre las partes.
El presidente del tribunal advirtió las «especiales circunstancias del juicio» y calificó como «razonable» la medida adoptada con la finalidad de que la causa «no se dilate más en el tiempo». En virtud del acuerdo alcanzado, Trimboli aportó un cheque de 20.000 euros y se comprometió a vender una propiedad antes del 15 de octubre. Además, las partes se comprometían a renunciar a la prescripción de los delitos.
Defensa enérgica
La declaración del ingeniero se prolongó más de dos horas y arrancó señalando desconocer las acusaciones. «A mis 94 años me siento fuerte porque me siento traicionado», subrayó Trimboli, quien convirtió alguna de sus respuestas en proclamas sobre su figura como creador: «Yo llevé el nombre de Ibiza como candidato a los Príncipe de Asturias», recalcó Trimboli, quien añadió que la «tecnología necesita dinero». Explicó que sus proyectos tenían una aportación de la Unión Europea, pero que éstas no llegaron.
El juicio se celebra dos décadas después de los hechos y a los acusados se les imputa un delito de estafa en forma agravada y alzamiento de bienes.
Los acusados celebraron en febrero de 1997 un contrato de préstamo con el Banco Sanpaolo por un importe de 66 millones de pesetas, constituyéndose una garantía real hipotecaria sobre dos fincas registradas en Sant Josep. En agosto de 1998, el acusado no cumplió con su obligación de amortizar el préstamo y el Banco Sanpaolo inició un procedimiento civil de ejecución de garantía hipotecaria, obteniendo la adjudicación del suelo rústico pertenecientes a las fincas por un importe de 11 millones de pesetas, con un perjuicio económico de 55 millones de pesetas (331.325 euros) para el banco.
Cuatro años después, el 20 de junio de 2002, el acusado, a través de su mujer, vendió la finca donde se encontraban los invernaderos por un valor de 299.000 euros, no pudiendo los acreedores ejercer ninguna acción sobre los mismos.
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