Terrenos de Punta Pedrera donde estaba prevista la construcción de 224 apartamentos cuyos propietarios reclamaron y han conseguido una indemnización. | GERMAN G. LAMA

El Govern balear ya ha sido condenado a pagar más de 80 millones de euros por la anulación de planes urbanísticos aprobados en zonas de la isla de Ibiza como Punta Pedrera y Roca Llisa, en los municipios de Sant Josep y Santa Eulària, respectivamente. Una situación que podría repetirse si, finalmente, el Grupo Empresas Matutes decide hacer valer sus derechos ante la justicia en relación a los terrenos de Platja d’en Bossa que la Ley de Urbanismo balear (LUIB) aprobada el 29 de diciembre volvió a declarar como suelo urbano.

El Tribunal Superior de Justicia de Balears (TSJB) condenó al Govern en mayo de 2016 a pagar 15,7 millones de euros en concepto de responsabilidad patrimonial a los propietarios de algunas fincas de la urbanización de Roca Llisa desclasificadas mediante la Ley 4/2008 de medidas urgentes.

Otra sentencia de noviembre de 2017 del Tribunal Superior de Justicia también condenó a la Comunitat Autònoma al pago de 65 millones de euros a los propietarios del terreno urbanizable de Punta Pedrera, donde se otorgó licencia para la construcción de 122 apartamentos en 2001. A posteriori, los promotores presentaron un proyecto modificado para levantar 244 apartamentos que en 2006 obtuvo el visto bueno del gobierno del PP. Sin embargo, un año después, ya con los partidos de izquierda gobernando en Sant Josep, anularon la licencia.

A estos 65 millones de euros también hay que sumarles los intereses devengados desde mayo de 2009, fecha en la que se presentó la demanda, por lo que la cifra que tendrá que pagar el Govern sobrepasa por la protección de estas zonas supera los 80 millones de euros. No obstante, la Comunitat ha recurrido ante el Tribunal Supremo tanto las sentencias de Roca Llisa como las de Punta Pedrera.

El director general de Ordenació del Territori del Govern balear, Luis Corral, ya señaló a finales del año pasado que desconocía cómo el Ejecutivo balear iba a sufragar estos pagos millonarios. Un dinero, los más de 80 millones de euros, que podrían quedar en una mera anécdota si el Parlament aprueba la enmienda de modificación de la Ley de Urbanismo presentada por Podemos para «para que al menos Matutes no pueda lucrar todavía más con esta legalización» y el hotelero decide defender sus derechos ante los tribunales en relación a sus terrenos de Platja d’en Bossa.

«Vamos a impugnar esta ley porque es anticonstitucional. Si nos quieren privar de nuestros derechos debe ser previa indemnización», avisó el empresario en esta semana en el programa Bona nit Pitiüses de la TEF, donde añadió que la actuación de Podemos al personalizar dicha modificación podría incurrir en «prevaricación al ir en contra de una persona o un grupo».

Matutes defendió en el programa televisivo que «todo lo que tenemos construido tiene licencia. Pero tanto lo que se ha construido como lo que no es consecuencia de una ordenación urbanística», ya que figuran como suelo urbanizable en las Normas Subsidiarias de Sant Josep de 1986 además de un plan parcial.

El hotelero destacó que las administraciones se enfrentan a indemnizaciones «muy cuantiosas» al hallarse en sus terrenos «dos de los mejores hoteles de Europa».