La plataforma PROU! muestra su «total oposición» a legalizar el alquiler turístico en casas de campo.

La plataforma ciudadana PROU! mostró ayer su «total oposición» a la legalización del alquiler turístico en viviendas unifamiliares en rústico.

Según explicaron en un comunicado, la mayor parte de los municipios rechazan «firmemente» el alquiler turístico de pisos, mientras tienen una «actitud ambigua e incluso favorable» sobre el alquiler de casas unifamiliares.

La plataforma recordó que el único municipio que de manera «clara y diáfana» ha proclamado la prohibición del alquiler turístico en pisos y casas unifamiliares ha sido Ibiza. Santa Eulària ha promovido una moratoria que «no está claro cómo acabará», apuntaron.

Otros municipios, según precisaron, son partidarios de legalizar este alquiler en casas unifamiliares, aunque la postura de PROU!, según apuntaron, es «clara» ya que las viviendas «no son hoteles y no lo deben ser» y, por ello, se oponen al uso turístico de pisos y casas de campo.

Entre las razones para justificar esta postura, los miembros de la plataforma apuntaron que las casas unifamiliares a menudo son sinónimo de alquiler ilegal a nivel fiscal. Aunque cumplieran con sus obligaciones, según expresaron en su comunicado de prensa, «sería totalmente incompatible tal legalización con el discurso de los políticos que se llenan la boca de sostenibilidad y protección del medio ambiente».

Además, consideran que no se puede convertir el territorio insular en una «macrodiscoteca o en un macrohotel disperso y extendido por cada rincón de la Isla». PROU! reiteró que desean recuperar la calidad de vida, la protección de los espacios naturales y acabar con la masificación, entre otras cosas.

También afirmaron que el alquiler en unifamiliares provocará conflictos vecinales ya que la normativa se aplica también a adosados o casas de pueblo separadas por una mediana.

PROU! se mostró «absolutamente en contra» de este alquiler turístico especialmente en casas payesas o de campo y ha exigido más concienciación de los políticos hacia los problemas de masificación. «La explotación turística ilimitada y extendida ahora en el mundo rural no es el camino», concluyeron.