El Ayuntamiento de Sant Antoni ha aprobado este miércoles durante la celebración del pleno ordinario del mes de junio, con los votos del PSOE, Reinicia Sant Antoni y el PI y la abstención del PP, el informe técnico de intervención del último trimestre del plan de ajuste, puesto en marcha hace más de 6 años, y que se preveía entonces que fuera a durar hasta el año 2022.
El plan de ajuste fue aprobado por el equipo de gobierno, en aquel momento liderado por el PP, a finales de marzo de 2012, en plena crisis financiera. Este plan fue enviado a Madrid para justificar que el consistorio podía hacer frente al préstamo del Instituto de Crédito Oficial (ICO), que se pidió para pagar a sus proveedores, a los que se adeudaban 7,1 millones de euros: 5,6 millones del consistorio y 1,4 millones de la empresa municipal Obres i Serveis Sant Antoni [Ossan].
«La buena situación económica del Ayuntamiento, el superávit que tenemos en las cuentas corrientes, ha permitido salir de este plan de ajuste», ha explicado a Periódico de Ibiza y Formentera el concejal de Economía y Hacienda Francisco Tienda. Según ha informado el concejal, el último trámite que quedaba por cerrar era presentar un informe técnico, encargado al Departamento de Intervención, que ha informado de que todos los aspectos económicos que se tienen que cubrir con este plan de ajuste se cumplen de forma estricta.
«Este informe es positivo, hemos cumplido absolutamente con todos los criterios, con lo cual podemos decir definitivamente que hemos salido de este plan de ajuste», ha asegurado Tienda. De este modo, el remanente de tesorería (superávit) que posee a día de hoy el Ayuntamiento ya no se dedicará a pagar la deuda, como ocurría hasta ahora, sino que el consistorio de Portmany podrá utilizarlo para invertir en nuevas infraestructuras.
Con este plan de ajuste, el Ayuntamiento estaba obligado a destinar todo el dinero que tenía en el banco para pagar la deuda, además de cumplir estrictamente con la Ley de racionalización y sostenibilidad de la Administración Local, conocida popularmente como ‘Ley Montoro’, que entró en vigor el 31 de diciembre de 2013, durante los años de austeridad económica.
1 comentario
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Pues que hagan el cementerio, y asi no hay que darlo a una empresa privada para 50 años