El PP no apoyó que los próximos secretarios de la institución deban acreditar el nivel C1 de catalán. | Marcelo Sastre

El pleno del Consell d’Eivissa aceptó ayer el traspaso de la estación de buses de Sant Antoni una vez el Ayuntamiento ha realizado el pago de todas las expropiaciones pendientes y se ha registrado a su nombre el final de obra doce años después de su construcción. «Nos congratulamos de poder dar, por fin, este paso porque la estación está en marcha desde 2006 y no se habían hecho todos los trámites necesarios a pesar de haber varios convenios firmados», destacó ayer al finalizar la sesión la consellera de Territori i Mobilitat, Pepa Marí. En un mes ambas instituciones deberán formalizar este traspaso.

Con este trámite la institución insular podrá incluir esta infraestructura en el plan de transporte y su intención es ceder su gestión a la empresa que consiga la concesión de las líneas de bus regular de la isla de Ibiza en 2019. «Entendemos que la empresa puede hacer una mejor gestión y dado que trabajamos en una concesión única ésta tiene que tener un espacio y qué mejor que la estación de Sant Antoni para crear el centro neurálgico del transporte de Ibiza», señaló Marí.

El Partido Popular mostró sus dudas sobre algunos aspectos de la estación y decidió abstenerse en la votación. A la consellera Pepa Costa le faltó «un informe arquitectónico sobre el estado de la estación» y también se preguntó por el futuro del local destinado a cafetería y restaurante, que en todos estos años no se ha abierto. «También vemos que hay una serie de actividades que no tienen nada que ver con una estación de autobuses y queríamos saber si se continuarán ejerciendo pero no nos lo han aclarado», señaló la consellera popular en relación a la garita de venta de entradas de discotecas instalada en la estación de buses de Sant Antoni.

El edificio de la estación está valorado en 3,8 millones de euros mientras que el terreno se ha tasado en 606.587 euros.

Planta de triaje

El pleno de la institución insular rechazó parcialmente un recurso administrativo presentado por la concesionaria del vertedero de Ca na Putxa, la UTE Giref, para ampliar el plazo máximo de un mes a partir de junio concedido por el Consell para iniciar las obras de la planta de triaje. La empresa había pedido poder retrasar el inicio de las obras hasta el 15 de octubre pero el Consell sólo ha accedido ampliar el plazo hasta la primera quincena del mes de septiembre. «La empresa ya ha empezado con los preparativos de las obras por lo que estoy seguro de que llegaremos a un acuerdo pacífico», señaló el conseller insular de Medi Ambient.

El Consell, sin embargo, ha rechazado posponer el inicio de las obras hasta que se pronuncie la Comisión balear de Medi Ambient sobre el expediente en tramitación, tal y como le pedía la concesionaria del vertedero en su recurso. La construcción de la planta de triaje permitirá alargar la vida útil del vertedero de Ca na Putxa.

Rifirrafe por las ‘escoletes’

La polémica del pleno la protagonizaron la consellera popular Belén Torres y el conseller de Educació, Patrimoni i Cultura, David Ribas, que se enzarzaron por el personal de las escoletes insulares. Torres destapó que a día de hoy la escoleta de Cas Serres no cuenta con el número mínimo de trabajadores exigidos por ley: «El pasado 17 de julio una trabajadora de la escoleta de Cas Serres que estaba de vacaciones se tuvo que incorporar urgentemente porque no se cumplían los mínimos legales. ¡Es muy fuerte! Si hoy pasa cualquier desgracia serán ustedes los responsables».

Por su parte, Ribas acusó al PP de ser los responsables de «una ley restrictiva que nos impide contratar y no le tolero que nos dé lecciones». El conseller de Educació también acusó al PP «de no hacer nada cuando se encontraron con la misma situación» y añadió que se ha solicitado una modificación de crédito para contratar un educador y tienen intención de crear una plaza en la plantilla estructural.