El urbanismo y las políticas sobre el territorio han sido, históricamente, y continúan siéndolo la fuente de los mayores conflictos y desencuentros entre la sociedad ibicenca. Hace tres años que debía abordarse la revisión del Plan Territorial Insular (PTI) pero el equipo progresista del Consell d’Eivissa ha preferido frenar en seco la construcción en suelo rústico antes que negociar y consensuar un nuevo texto. Además, conseguir una licencia urbanística, aunque sea en suelo urbano, supone un auténtico suplicio, como explica el presidente de los arquitectos pitiusos, Iván Torres Ramón (Ibiza, 1982).
El Consell d’Eivissa pretende consolidar la Norma Territorial Cautelar (NTC) que dificulta la construcción en suelo rústico incorporándola al Plan Territorial Insular. ¿Qué les parece?
—En su momento ya hicimos unas alegaciones. Cuando se aprobó inicialmente la NTC se dijo que se hacía de manera provisional para darle el tiempo necesario al Consell para revisar el PTI. Para esta revisión se contrató un diagnóstico al que le dieron mucha publicidad sin el que es imposible saber dónde nos encontramos y hacia dónde tenemos que ir. Se contrata a una empresa de Valladolid por unos 80.000 euros y tuvimos constancia gracias a una reunión que tuvimos en el Consell que los primeros documentos que les entregaron no fueron los que ellos esperaban, por lo que les dieron un plazo extra para completar este diagnóstico y que se ajustara a lo que el Consell había pedido, no sé si a nivel de información -que por otro lado estaba muy bien definido en 14 ítems- o si sus conclusiones no son las que ellos querían. Nosotros hemos pedido tener este diagnóstico, porque entendemos que es público. Que ahora se modifique el PTI no nos parece bien porque se nos dijo que se modificaría en base a unos estudios y que el Colegio de Arquitectos tenía que participar obligatoriamente. No estamos de acuerdo que por falta de tiempo o por que el informe no está bien hecho o bien fiscalizado por parte del Consell en que se modifique el PTI. Les pedimos que alargaran un año más la NTC para tener más tiempo para trabajar en la modificación y nosotros pudiéramos colaborar y cuando se cambiara el PTI se hiciera con conocimiento de causa y no de esta manera, que se hace más en vistas al final de legislatura. Tampoco nos parece bien que se ofreciera un mail para que la gente enviara sugerencias; estas cosas hay que hacerlas por registro de entrada, que se sepa cuánta gente ha participado, que sea público... Que se haga a través de un mail habla de la poca transparencia y de no darle la importancia que debe tener. No estamos satisfechos.
La consellera lo justifica asegurando que la NTC era un acuerdo del equipo de gobierno y que la construcción y la especulación en suelo rústico estaba desatada.
—Desde que se aprobó el PTI en 2005, con una norma bastante clara y con unas reglas de juego, se ha reducido sustancialmente las solicitudes de viviendas en suelo rústico; si en 2004 se pedían 150 viviendas, a partir del PTI fueron 50, 40 o 30 dependiendo del año. Sí que es cierto que analizando las gráficas de peticiones de viviendas en suelo rústico hay unas puntas cuando se ha pretendido implantar moratorias.
¿Qué efecto tuvo el anuncio de la NTC?
—Realmente no hubo un anuncio sino que por parte del equipo de gobierno se hablaba del crecimiento cero, que se tenía que eliminar la especulación,... Todo esto hizo que durante un año y medio, cuando se aprobó la NTC, se creara un caldo de cultivo en el que la gente estaba preocupadísima por lo que pasaría y se empezaran a presentar proyectos de manera loca. Hubo 600 solicitudes, más que en los últimos 15 años. Aunque alguno ya podía pensar que tenían ganas de aprobar una norma de este estilo, la NTC se aprobó por sorpresa. Al ver que había habido tantas solicitudes, entre la aprobación inicial y la definitiva estudiaron la manera de denegarlos y decidieron que si no tenían toda la documentación exigida automáticamente se denegaban. La NTC al final lo que es prohibir la construcción en cualquier tipo de suelo rústico a excepción del común y que las segregaciones sólo podían producirse en casos de herencia, por lo que la modificación era muy sustancial y afectó a muchísimos de los 600 proyectos presentados.
¿En la actualidad, se han frenado las peticiones en suelo rústico?
—Desde la ley ómnibus 1000/2010 de Zapatero se determinó que los proyectos básicos no era necesario visarlos y nosotros sólo tenemos datos cuando se visan los proyectos. La gente suele presentar los proyectos de ejecución ya visados cuando obtiene la licencia. Sabemos lo de los 600 proyectos porque lo preguntamos en los ayuntamientos.
¿Ven algún interés en el equipo de gobierno en consensuar el nuevo PTI?
—Nosotros hemos ofrecido varias veces el reunirnos para discutir sobre territorio, hicimos unas jornadas en el Colegio para hablar sobre este tema, les invitamos y no vinieron. Queremos que la modificación del PTI dé una seguridad jurídica a los propietarios, que sea un PTI que garantice la protección de la isla y que esto no signifique que no se pueda hacer nada. Esperamos también que los planeamientos de algunos ayuntamientos se actualicen: muchos inversores extranjeros se dirigen directamente al suelo rústico porque la norma era más clara que en urbano, donde algunos consistorios lo tienen muy liado. Los ayuntamientos deberían tener la obligación de actualizar sus planeamientos y que den solución a sus suelos urbanos, donde es muy difícil solicitar licencias.
Sin que se haya presentado este diagnóstico del PTI de 2005, ¿qué nota le ponéis los arquitectos? ¿Ha sido bueno? ¿En qué tiene que mejorar?
—Hubiera sido interesante saber las conclusiones de este diagnóstico para hacer esta afirmación. En su día, el PTI fue una norma positiva porque se establecían unas reglas de juego en suelo rústico que antes no existían y común para todos los ayuntamientos. Hay cuestiones del PTI de 2005 que no se han desarrollado como los planes de actuación en las canteras o los planes de actuación contra las vallas publicitarias de las carreteras. Ha habido muchas cosas que no se han hecho y ha sido una lástima, porque se ha perdido la oportunidad de mejorar la gestión del territorio de Ibiza. Al final sólo se ha utilizado como un instrumento para dar licencias en suelo rústico y creo que tiene que ser más ambicioso.
Según un estudio elaborado por ustedes en Ibiza se tarda 28 meses de media en obtener una licencia de obras. ¿Por qué pasa esto aquí?
—Se tarda tanto por varias cuestiones. Tenemos algunos planeamientos bastante antiguos que tienen que convivir con normativa insular o autonómica mucho más nueva e impide que estos planeamientos se puedan desarrollar, por lo que muchas veces conseguir una licencia requiera de muchos informes. Además, entre los propios municipios de la isla hay diferentes interpretaciones de la ley, lo que también causa retrasos. Es evidente que en algunos ayuntamientos necesitan más gente en sus departamentos de urbanismo y también hemos aprovechado este informe para entonar el mea culpa: nosotros también podríamos presentar nuestros proyectos de manera organizada y estamos organizando nuestros procesos. A través de un asociación de técnicos al servicio de la Administración estamos intentando pactar unos criterios y que la normativa se interprete de la misma manera para poder presentar los proyectos de la misma manera y que para ellos sea más fácil estudiarlos. Es difícilmente justificable que en Ibiza se tarden 28 meses para una licencia, en Mallorca sean 14 meses y en Formentera sean 12 cuando la ley establece tres meses de plazo máximo. Hay un problema que hay que afrontar, la tormenta perfecta se ha dado y todo lo que podía ir mal ha ido mal.
El municipio de Sant Antoni es el que peor está, con una media de 30 meses.
—Recientemente hemos firmado un convenio con el Ayuntamiento de Sant Antoni a través de un contrato menor en el que nos dicen que tienen problemas para cumplir con los plazos. Nosotros enviamos a nuestros colegiados esta solicitud de trabajo por un precio máximo de 15.000 euros, que sale a 28 euros la hora, y conveniamos con el Ayuntamiento la contratación de unos arquitectos para que hagan un trabajo concreto durante un tiempo estipulado. Su intención es contratar dos arquitectos, que deben empezar en breve.
Esta legislatura se ha hablado mucho de emergencia habitacional y en Vila se han proyectado varias promociones de VPO para combatirla. ¿Es una buena medida?
—Siempre hay que estar satisfechos cuando se prepara un concurso público para vivienda social. En Ibiza tenemos un problema de vivienda que lo sufrimos tanto los que vivimos aquí todo el año como los que vienen en temporada para trabajar aquí. Creo que las VPO en Ibiza tendrían que ser de alquiler porque he podido comprobar que a veces quien accede a una VPO hace negocio con ella.
Se calcula que el Govern balear tendrá que pagar más de 200 millones de euros por haber desclasificados suelos urbanizables en Punta Pedrera, Roca Llisa y otras zonas de Mallorca. ¿Qué les parece?
—Queda patente que la gestión urbanística siempre llega tarde. Que se tengan que hacer efectivas estas multas significa que políticamente no se hizo el trabajo cuando tocaba para decidir si estos terrenos tenían que ser o no urbanos. Una vez los terrenos son urbanizables, que se presente un decreto o una ley que los desclasifique no gusta al Colegio de Arquitectos. A nosotros lo que nos gustaría es que toda la gestión urbanística se haga cuando toca y pensando en el futuro. Habría que ver si a los ciudadanos, que son los que tendrán que pagar estas multas, les parece bien.
Cuando lee todo lo que se publica de Cala Vedella sobre los estudios-taller y todos los desastres urbanísticos que allí se han hecho, ¿qué opinión le merece? ¿Encuentra una solución?
—En la cuestión concreta de los estudios-taller, éstos vienen de una época concreta que vivió el Ayuntamiento de Sant Josep, con lo que no estaría de más que se revisara su licencia y ver si su legalidad es factible, porque deja muchas dudas. No podemos estar satisfechos con que se practique un tipo de urbanismo como este.
4 comentarios
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Tres décadas ciegos y de golpe recuperan la vista. Es mas ciego el que no quiere ver. Dejen de hacerse fotos que estan las nubes Cloud llenas. Solucionen entre todos los organismos competentes (ciegos) los problemas urbanísticos creados con sus recetas autóctonas, ocultos bajo las alfombras y consentidos por todos . Y partir de ya sean más responsables y dejen de tirar patatas calientes a otros . solucienen y enmienden!!
Tiene toda la razon! La unica pena es que el chico es ji...as perdido! Que pena!
Nos gustaría que alguien explicara para que sirve el Colegio Oficial de Arquitectos ademas de cobrar por firmas y sellos como si fuera un impuestos revolucionario, pero dejan que se hagan toda clase de atrocidades en edificios, tanto públicos como privados, chapuzas por parte del Ayuntamiento y Consell y me refiero al CETIS, Can Mises, Acceso a Jesús, Vara de Rey, El Parque y un largo etc. desde cuando ha podido mas la política que la legalidad la seguridad y sobre todo el sentido común ciudadano. Se agredecerían menos chapuzas y mas control por parte del Colegio
Tienen que dar una solución a la gente con LICENCIA APROBADA, y se les prohíbe hacer sus casas, véase los casos de Roca Llisa o Benirras, o eso, o que paguen las indemnizaciones que deben.