Momento de la votación para aprobar la modificación de la ordenanza. | DANIEL ESPINOSA

El pleno celebrado ayer en Sant Antoni aprobó, por unanimidad y de manera inicial, una modificación de la ordenanza de Convivencia para poder prohibir el consumo de óxido nitroso (conocido como ‘gas de la risa) en la vía pública.

Según explicó Aída Alcaraz, concejala de Gobernación, esta modificación surge a raíz de la problemática que vive el municipio en relación a este tema y la imposibilidad que hay, actualmente, de sancionar a quienes consumen ‘gas de la risa’; únicamente se podía multar a aquellos que lo vendían.

Las sanciones por consumo o por incitar al consumo en vía pública, una vez aprobada definitivamente la modificación de la ordenanza, irán desde los 750 a los 1.500 euros de considerarse graves y de 1.500 a 3.000 euros si la incitación o el consumo afecta a menores de edad.

En este sentido, Alcaraz remarcó que la modificación hará que la ordenanza facilite el trabajo de la Policía Local a la hora de atajar la problemática, como ha pasado con el botellón.

Según dijo, en solo un año se duplicó el número de denuncias por botellón; si en 2015 se interpusieron 53 multas, un año después se pasó a 119 y en lo que va de temporada ya se han puesto 80.

Sin embargo, desde la oposición no creen que esta medida vaya a ser «eficaz». A juicio del popular Marcos Serra, en Sant Antoni se siguen haciendo botellones «con total impunidad».

Asimismo, el equipo de gobierno tiene previsto llevar al próximo pleno una moción de acuerdo, que de sumarse el PP llegaría a ser una declaración institucional, para instar al Govern a que incluya el óxido nitroso como droga dentro de la Ley 4/2005 de Drogodependencia.

«Esto daría más fuerza a las administraciones y permitiría sanciones muy por encima de las actuales», explicó Alcaraz. Y es que, según dijo, aunque no es considerado como un estupefaciente sí que provoca cambios en el comportamiento de quienes lo consumen, «alterando» la convivencia en el municipio.

De momento, hay un mes para presentar alegaciones hasta su aprobación definitiva.

Luminarias

La empresa Citelum Ibérica será la encargada de suministrar y mantener el alumbrado público con un coste anual de 450.000 euros para el Consistorio. «Este coste lleva aparejada una inversión, por parte de la empresa, de medio millón de euros para mejoras», apuntó Pablo Valdés, concejal de Medio Ambiente.

El contrato, que tendrá una vigencia de ocho años, supondrá un ahorro de «alrededor de 200.000 euros anuales, ya que ahora se pagaban 600.000 euros por el servicio y un ahorro energético de casi el 80%», especificó Valdés.

A partir de la adjudicación, que se llevará a cabo en las próximas semanas, la empresa tendrá seis meses para implantar el sistema y «seguramente en el primer trimestre de 2019 sea definitiva la sustitución integral de las luminarias actuales exteriores por otras de menor consumo».

Por su parte, el PP criticó que no se hayan tenido en cuenta los edificios públicos ni las fiestas o conciertos. «Se está trabajando en el interior porque todavía no hemos encontrado documentación, contratos, facturas... que permitan hacer un estudio exacto de la situación real, pero confiamos en tenerlo pronto», respondió Valdés.