Un recibo de agua sucia

Los vecinos de Sant Antoni se sentirán muy tranquilos cada vez que reciban un recibo del agua, pese a saber que el presidente de la empresa que les girará el recibo pagó dinero negro al PP valenciano. No deben alarmarse por lo sucedido con el concurso para el suministro de agua potable y el saneamiento del municipio.

Si gobernara la derecha no dudaríamos en calificar de proceso amañado, pero como gobierna la coalición PSOE-Reinicia-Pi no hay por qué pensarlo ya que la corrupción es un vicio exclusivo de la derecha, como todo el mundo sabe. A fin de cuentas, otorgar en concesión pública con un presupuesto de 100 millones de euros para los próximos 25 años es un negocio monumental por el que muchos empresarios sin escrúpulos pagarían una pequeña o gran comisión sin ningún problema. Pero no elucubremos sin pruebas, que ya nos explicó con mucha razón la última ministra que dimitió, Carmen Montón, que no todos son iguales.

Un informe crucial

El Ayuntamiento de Sant Antoni se hizo con un informe de la consultora Pw Advisory and Capital Services SL, que determinaría la puntuación técnica de cada empresa licitante. Esa empresa propiedad de Juan Pablo López Heras, una persona investigada (antes hubiéramos dicho imputada) en el ‘caso Lezo’, un presunto caso de corrupción en torno a la compra de la empresa Inassa por parte del Canal Isabel II de Madrid y el posible pago de comisiones a intermediarios. ¿Por qué se encargó dicho informe a esta empresa? Sant Antoni ha adjudicado durante esta legislatura cuatro contratos con la consultora de López Heras y el alcalde Josep Tur ‘Cires’ afirmó en el pleno celebrado el 28 de septiembre que el Ayuntamiento ya contrataba a aquella empresa durante la legislatura anterior, cuando gobernaba el PP.

Este dato en nada tranquilizará a los vecinos de Sant Antoni, que se preguntarán: ¿no había otra empresa sobre la que no recayese ninguna sombra de sospecha? No debía haberla, a decir de la encendida defensa que el alcalde hizo en el pleno de la figura de López Heras. Porque ‘Cires’ pudo defender la presunción de inocencia, pero quiso ir más allá al pronunciar una apología del investigado López Heras que se apartaba de la realidad.

Así, sostuvo que estaba «implicado porque era un ingeniero del Canal de Isabel II y los implicaron a todos, principalmente a los políticos, quienes compraban empresas en Brasil a un precio muy superior; pero eso no era una decisión en la que él participara». Aunque pueda parecerlo el alcalde ‘Cires’ no es el abogado defensor de López Heras y más vale.
En contra de lo afirmado por el primer edil ‘portmanyí’, la Fiscalía Especial contra la Corrupción y la Criminalidad Organizada defiende que Juan Pablo López Heras junto a otros investigados tuvo una participación fundamental en la compra de la sociedad panameña SAA por parte de Canal Extensia SA por 73 millones de dólares.

Dicha compra, según la Fiscalía, «careció de la cobertura y autorización necesaria» y además, que en el precio de adquisición pagado por Canal Extensia SA, «pudo existir una sobrevaloración claramente perjudicial para los intereses de Canal Isabel II». ¿Qué interés puede tener el alcalde ‘Cires’ en defender a López Heras y en restar importancia a su investigación en el ‘caso Lezo’?

Facsa

La sociedad castellonense Facsa es la ganadora del concurso gracias al informe de la empresa de López Heras. No obtuvo la mejor puntuación económica, que fue para Acciona, pero sí obtuvo la mejor puntuación técnica, por encima de Aqualia, gracias al citado informe técnico encargado por el Ayuntamiento a la empresa Pw Advisory and Capital Services SL.

Los vecinos de Sant Antoni se quedarán más tranquilos al saber no solo que Facsa no era la empresa que más dinero puso sobre la mesa, sino que el presidente de la compañía que gestionará el agua en el municipio durante los próximos 25 años, pagó 405.668 euros de dinero negro al PP valenciano para las elecciones autonómicas de 2007 y las generales de 2008.

Enrique Gimeno, que así se llama el presidente de la empresa ganadora del concurso, fue condenado a un año y nueve meses de cárcel por tres delitos electorales y uno de falsedad documental. Se le conmutó la pena por multas que suman 154.500 euros gracias a su confesión ante la Audiencia Nacional.

Presunto robo de información

Además de todo lo anterior, Aqualia denuncia que un empleado suyo, nada menos que el responsable técnico de la empresa en Balears, días antes de la apertura de plicas, se marchó de la empresa para irse a Facsa. La empresa sospecha que con información sensible y habiendo cometido un supuesto delito de «revelación de secretos».

Aqualia lo puso en conocimiento de la Mesa de contratación y pidió la suspensión del concurso, pero el órgano que preside el teniente de alcalde Pablo Valdés ignoró la denuncia al considerar que «no hay indicios fundados de una conducta que pueda alterar la concurrencia». Vamos, que les da igual y que Facsa es la ganadora a toda costa. Y no se hable más.

Todo es legal

Lejos de amedrentarse por todo este cúmulo de porquería que apesta por todos lados, el alcalde ‘Cires’ cree que las sospechas no tienen fundamento y desafía a quien sospeche a que vaya al juzgado. Defiende la legalidad y la transparencia del procedimiento, algo que tranquilizará a los vecinos del municipio sin ninguna duda.

Pero cabe preguntarse si no podía haberse hecho todo mejor, sin informes de investigados por corrupción que den el concurso a un condenado por corrupción, algo que no debe manchar el buen nombre del Ayuntamiento de Sant Antoni, claro.

Si quien gobernase el consistorio portmanyí fuese el PP, no les quepa duda de que estaríamos hablando claramente de concurso amañado y de corrupción. Pero no es el caso, por lo que todos tranquilos y quien tenga alguna sospecha, que vaya al juzgado. ‘Cires’ dixit.

Feliz domingo.