En este sentido, el alcalde socialista confirmó que conocen desde 2015 que existen estos vertidos y que los pusieron en conocimiento de Abaqua ya que creían que eran de su competencia. «No ha sido hasta ahora que hemos sabido que los provoca una de nuestras tuberías al aportar entre 4.000 y 6.000 litros de agua de más que nosotros no sabíamos», apuntó Agustinet.
Marí Ribas descartó que la tardanza en la toma de medidas se debe a que uno de los propietarios más perjudicados por los vertidos sea el dueño de la discoteca DC-10. «No tengo ninguna animadversión por nadie», aseguró el alcalde de Sant Josep, que también indicó que otros propietarios de fincas afectadas tienen vínculos familiares con dirigentes del Partido Popular.
Agustinet también se refirió a los vertidos de aguas fecales del emisario de la depuradora de Can Bossa, que calificó de «problema muy serio».
Ordenanza de ruidos
Otro de los puntos tratados en el programa de la TEF fue la polémica surgida a raíz de la aprobación de la ordenanza de ruidos. Marí Ribas destacó que para los músicos supone «un problema» cumplir a rajatabla lo que indica la normativa municipal por lo que se ha llegado a un acuerdo con los afectados para que los conciertos en directo «no duren más de dos horas» y no se alarguen hasta más de las once de la noche, entre otras cuestiones.
Agustinet también recordó que en la anterior legislatura la obligación de tener limitadores de sonido sólo era obligatoria para los establecimientos de Platja d’en Bossa y que ha sido su equipo de gobierno el que ha extendido esta normativa a todo el municipio, lo que ha provocado, según el alcalde, que este verano «ha habido más tranquilidad». El alcalde de Sant Josep señaló que esta temporada la Policía Local había precintado una treintena de equipos de música.
Agustinet también señaló que «la percepción» del equipo de gobierno es que este año también ha habido menos fiestas ilegales en casas de campo.
Disciplina urbanística
El alcalde de Sant Josep también fue cuestionado por la disciplina urbanística que se practica en su ayuntamiento y, concretamente, por la dificultad para que se lleven a cabo derribos de construcciones levantadas ilegalmente. «Cuesta mucho que se llegue a ejecutar una orden de derribo», apuntó el socialista, que puso el ejemplo la sentencia de derribo de Casa Lola que estuvo bloqueada año y medio porque los juzgados no la tradujeron del catalán y, finalmente, tuvo que ser el Ayuntamiento el que lo hiciera.
En cuanto a la situación urbanística de Cala Vedella, Agustinet espera que antes de que acabe el mes de noviembre tener en su poder «diagnóstico de qué queremos hacer allí». El alcalde considera Cala Vedella como «el paradigma de una manera de hacer política en Sant Josep durante 30 años».
En cuanto a su futuro, Marí Ribas aseguró que le gustaría «acabar cosas que tengo empezadas» y que «aún no estoy lo suficientemente cansado como para retirarme de la política».
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