Alfonso Rojo, presidente de PIMEEF, durante la presentación. | MARCELO SASTRE

Carmen Ferrer, concejala de Turisme de Santa Eulària, moderó el segundo de los debates programados durante la celebración del IV Congreso de Viviendas Turísticas Vacacionales, centrado en los retos legislativos que plantean las estancias de turistas en viviendas vacacionales y que contó con la participación de cinco invitados.

Juan Calvo, coordinador técnico de la Alianza por el Agua, aseguró en su intervención que la regulación del alquiler turístico vacacional en la isla debía introducir criterios medioambientales y abogó porque estos establecimientos paguen también una tasa turística, igual que la que abonan los hoteles.

Calvo acompañó su argumentación con unos gráficos que señalaban que Ibiza tuvo en abril de 2016 la misma presión humana que en agosto de 1997, lo que plantea problemas de sostenibilidad, de depuración de aguas y de saneamiento. «No hay servicios suficientes para garantizar esta presión», apuntó Calvo y señaló la necesidad de «avanzar hacia la eficiencia de los recursos naturales».

En este sentido, «hay que recordar que los acuíferos de la isla sufren un grave estado de sobreexplotación y deterioro en la calidad del agua», explicó el biólogo y consultor ambiental, una situación que en parte se explicaría por el desarrollo urbanístico, que precisa una elevada demanda de agua. «Si una vivienda en suelo rústico puede destinarse a alquiler vacacional debería llevar una serie de requisitos de sostenibilidad», finalizó Calvo.

Juan Franch, profesor de la Universitat de les Illes Balears (UIB), por su parte, apuntó que en este nuevo escenario «el reto es no ir contra la innovación que está marcando el futuro y el presente» y dibujó un escenario de tensión entre las diferentes administraciones por los cambios que esta nueva realidad está produciendo. «Se ha regulado desde el miedo y desde la reticencia», explicó Franch, para quien el nuevo marco normativo «ha optado más por prohibir que por permitir».

Debido a ello, precisó, «mucha gente que estaba en el mercado decidió salir». Eliseo M. Martínez, de la Federación Española de Asociaciones de Viviendas y Apartamentos Turísticos, compartió argumentos similares a los de Franch. «La administración solo puede intervenir si hay un fallo en el mercado y siguiendo el principio de proporcionalidad», afirmó, al tiempo que deseaba una legislación «mejos injerente».

José Antonio Bonache, de la Asociación Española de Plataformas Digitales de Alquiler Temporal, rechazó la «mala» fama que tienen las empresas relacionadas con el sector. «El alquiler vacacional en Balears genera 7.439 millones de euros» y señaló que este beneficio también repercute en los supermercados y comercios del barrio, así como a las arcas del Estado gracias a los impuestos que se generan.

Por ello, mostró su preocupación por la legislación que se está haciendo desde Balears, ya que, según indicó, «un 40 por ciento de los propietarios han abandonado el sector», lo que supone un gran impacto. Entre otras medidas, apostó por impulsar una tasa turística «para que tenga un beneficio para los vecinos», así como la necesidad de implementar un registro unificado.