El Ayuntamiento de Sant Antoni gestionará en 2019 un presupuesto de 27 millones de euros, «el mayor de su historia», según han destacado desde el Consistorio, que detallan que las cuentas ascenderán a 26,98 millones de euros, un 5,19 por ciento más que en el presente ejercicio.

En cuanto a inversiones, el alcalde Pep Tur 'Cires' ha destacado que se reservan a este capítulo casi 6 millones de euros, de los cuales 4,1 millones proceden de financiación propia y 1,7 millones de financiación externa. El Consell de Ibiza, ha recordado 'Cires', ha aportado 1,5 millones a través del convenio para el desarrollo del Plan Estratégico del municipio.

Entre las inversiones más destacadas, el equipo de gobierno ha anunciado la construcción de un auditorio en la calle Cervantes con un presupuesto de 459.115 euros o la reforma del viejo Ayuntamiento que costará 254.100 euros.

En relación a Vías Públicas, se ejecutará la tercera fase del proyecto de eliminación de barreras arquitectónicas con 855.076 euros de presupuesto.

Asimismo, entre otras inversiones, está previsto instalar una caldera de biomasa en Can Coix que costará más de 300.000 euros de los que 100.000 serán aportados por la Conselleria balear de Industria.

Los ciudadanos, ha recordado el Consistorio, podrán proponer y elegir en el primer trimestre del año un total de tres proyectos con un coste máximo de 100.000 euros cada uno.

Desde el Ayuntamiento han destacado la «estabilidad suficiente» lograda en la economía local, lo que permitirá mantener la presión fiscal y las bonificaciones incluidas en las ordenanzas. Así, no se incrementarán los impuestos y habrá más cantidad para servicios sociales.

El alcalde ha explicado que la deuda acumulada se ha saldado este año, por lo que el Ayuntamiento ha podido salir del Plan de Ajuste que debía prolongarse hasta 2022. Según Tur, esto permitirá un poco de «alegría financiera» aumentando el gasto en la recogida de residuos, entre otras cosas.

Además, en 2019 se prevé liquidar la última de las expropiaciones pendientes en la urbanización Loma Pinar, una actuación de anteriores gobiernos que, según ha dicho el equipo de gobierno, ha condicionado las cuentas. Así, habrá 412.000 euros para acabar de pagar estas expropiaciones.