Los nuevos propietarios, que querían derribar la casa, han presentado una denuncia contra el presidente por prevaricación administrativa.
Torres ha declarado que se trata de un «tema judicial» y, por ahora, no han recibido en el Consell ninguna comunicación sobre la querella.
Asimismo, el presidente ha recordado que han mantenido reuniones con la propiedad, defendiendo también ante ellos que el Consell ha actuado en base a informes.
«Hay que mirar a partir de ahora cómo se hacen las cosas también con la propiedad», ha explicado Torres, quien por el momento se ha mostrado tranquilo ante la posibilidad de que una querella le pueda suponer alguna traba para ser candidato al Consell en 2019.
SOBRE LAS QUEJAS DE USO POR LA «PASIVIDAD» DEL CONSELL
El presidente se ha referido además al anuncio del sindicato USO sobre una posible demanda contra el Consell de Ibiza por su «pasividad», lo que está poniendo en peligro la continuidad de los centros para discapacitados de Ibiza, según el sindicato.
Torres ha declarado que esta legislatura se ha intentado «activar todo» y «aumentar todo lo que se ha hecho desde Bienestar Social», asegurando que la consellera del área, Lydia Jurado, ya está en contacto con la otra parte «y todo acabará bien y no habrá ninguna demanda».
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