El nuevo juzgado está en obras. | MARCELO SASTRE

El juzgado de Violencia Sobre la Mujer lleva funcionando en Ibiza desde el año 2010, pero no cuenta con una Unidad de Valoración Forense Integral (UVFI) como está contemplado en la Ley contra la Violencia de Género de 2004. Según la normativa fijada, tiene que ser el Ministerio de Justicia el que la autorice o aquellas comunidades que tengan las competencias transferidas. Sin embargo, la falta de medios asociada a una sobrecarga de trabajo hace que en Ibiza todavía no sea una realidad.

Asimismo, Juan Carlos Torres, juez decano y magistrado titular del juzgado de Violencia Sobre la Mujer de Ibiza, reitera que en 2015 se llevó a cabo una reforma de la Ley para «reforzar» el mandato del legislador con el claro objetivo de que se crearan estas unidades. «Teniendo en cuenta la realidad social del tiempo actual en materia de violencia sobre la mujer, en todas sus formas, debería haber desde hace tiempo una Unidad de Valoración Forense Integral en Ibiza», recalcó.

Esto ayudaría al juez a tomar decisiones sobre medidas de protección ya que, estas unidades, están formadas por médicos forenses, psicólogos forenses y trabajadores sociales «exclusivamente dedicados a los asuntos de violencia sobre la mujer», insistió Torres. Su creación también permitiría incrementar las medidas de protección a las denunciantes gracias a una mayor información de la que dispondría el juez.

De momento, no hay noticias sobre su creación, pero el juez decano señala que «cualquier aumento de plantilla, en este caso con la constitución de una UVFI, en el actual edificio de los juzgados es un problema». Así, augura la posibilidad de que sea una realidad a finales de 2019 «cuando nos traslademos al nuevo edificio que está en construcción».

Por otra parte, Torres recuerda la necesidad de que haya una segunda plaza de psicólogo forense en la isla; una situación que también lleva denunciando tiempo la Fundación Conciencia. «Hay una lista de espera incalculable para pedir una prueba de psicólogo forense y muchos abogados renuncian a pedirla ya que retrasa tanto sus procedimientos que prefieren no hacerla», asegura su presidenta Marisina Marí.

En esta línea, el juez decano de Ibiza apunta que «como juez de familia que soy, en el aspecto que lleva los asuntos de violencia, nunca inadmito una prueba pericial porque, cuando hay un conflicto, el juez no puede sustituir al psicólogo». El hecho de que en Ibiza solo haya una plaza cubierta ha hecho que «se retrasen hasta un año» los juicios por la necesidad de practicar la prueba pericial.

Una alternativa es que estas pruebas sean verificadas por psicólogos externos. De hecho, el Colegio Oficial de Psicólogos de Balears tuvo un convenio hace unos años que resultó positivo para reducir las esperas de los juicios. Sin embargo, el problema sigue siendo latente y el Ministerio de Justicia es consciente de ello, por lo que a principios de diciembre asignó un número de pruebas periciales a diferentes comunidades autónomas; en este sentido, Ibiza cuenta con un total de 10 pericias «dotadas presupuestariamente que han sido acordadas y aprovechadas», matiza Torres.