Una cifra que ha aumentado notablemente en los últimos años y que va ligada, a juicio de Marta Carrió, directora general de Menores y Familias del Govern, al plan de implementación a nivel de formación y coordinación en instituciones. «Primero hay que dar a conocer el protocolo, luego la herramienta y, al final, dar a conocer los indicadores para que se puedan notificar los casos», detalló Carrió, quien añadió que «durante esta legislatura hemos intensificado la formación».
De hecho, en 2015 se recibieron 333 notificaciones, en 2016 fueron 344, en 2017 se notificaron 352 casos y el pasado año un total de 503. «Este dato es bueno y constata que entre el 2017 y el 2018 hemos hecho una buena formación y coordinación entre las diferentes instituciones».
Cabe recordar que el objetivo de este Protocolo es mejorar la atención para reducir la victimización primaria y secundaria que padecen los menores que han sufrido malos tratos.
En este sentido, la herramienta RUMI recoge, de manera ordenada y sistemática, las actuaciones que se tienen que llevar a cabo en casos de maltrato infantil y protocoloriza el trabajo en los diferentes equipos de profesionales y de los servicios de los ámbitos de intervención implicados.
«Hablamos de sospechas y evidencias. Las notificaciones llegan a Serveis Socials y, dependiendo de la gravedad que le pones, va a Comunitarios o a servicios especializados como es Protección del Menor», indicó Carrió. A partir de este momento, Serveis Socials abre un expediente.
Si bien es cierto que no todas las notificaciones se confirman como caso de maltrato infantil, sí que se acumulan en esta herramienta. «A lo mejor un día se ve un indicio, pero no es suficiente. Entonces, se queda archivado por si pudiera repetirse de nuevo; por ejemplo, casos de maltrato psicológico o negligencias que son más difíciles de detectar, al contrario que un golpe», matizó la directora general.
Aumento de las notificaciones
En lo que se refiere a notificaciones recibidas a través del ámbito educativo, Carrió destacó que se ha pasado de las 196 en 2015 a las 308 en 2018. «Desde el 2016, la Conselleria de Serveis Socials y la de Educació adoptaron un convenio de acuerdo de aplicación del protocolo en el ámbito educativo; a partir de ahí, se ha hecho un trabajo de formación en temas de RUMI, identificación, etc», subrayó la directora general. Es más, este año se está llevando el tercer curso académico al respecto.
Sin embargo, la formación en Sanidad es una novedad para este ejercicio ya que, hasta ahora, no se había llevado a cabo. «Los datos lo demuestran. Solo hay 19 notificaciones por parte del ámbito educativo en 2018, pero es que encima son estables en el tiempo; en el 2015 se pusieron 18, por ejemplo», concretó Carrió.
En esta línea, recordó que durante el año pasado «estuvimos trabajando con el ámbito sanitario en el desarrollo del protocolo de evaluación y tratamiento del abuso»; un protocolo que se aprobó en 2018 y que está pendiente de ser ratificado por parte de los consells insulares. Se trata de un «avance» del protocolo que está en marcha a día de hoy que solo contempla la notificación y el registro. La idea ahora es incluir también la evaluación y el tratamiento de los casos.
Por su parte, la directora general de Menores y Familias espera que el número de notificaciones «siga aumentado» este año. Y es que, según indicó, cuando se hace un buen plan de implementación, las notificaciones aumentan. «Esto no significa que haya más maltrato, sino que sigue habiendo los mismos casos con la diferencia de que la gente está más al tanto. Eso es fundamental porque seremos capaces de responder de una forma más rápida y efectiva a la necesidad de un niño maltratado, que en algunas ocasiones es difícil de detectar», concluyó.
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