Borrones y tachaduras

Situación de emergencia absoluta

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El CGPJ ha suspendido la actividad de los Juzgados de Ibiza como consecuencia del incendio.

El CGPJ ha suspendido la actividad de los Juzgados de Ibiza como consecuencia del incendio.

26-01-2019

Lo más grave que ha sucedido está semana en las Pitiusas, quizás lo más grave que haya pasado en los últimos años, es la paralización total y absoluta de la actividad jurisdiccional en los juzgados de Instrucción, de lo Penal y de Violencia sobre la Mujer del Partido Judicial de Ibiza.

No hay precedentes de algo así en todo el país. La situación es, como bien apunta el juez decano, Juan Carlos Torres, de absoluta “emergencia”. La fuerza mayor generada tras el incendio de la sede judicial de la avenida de Isidor Macabich el pasado lunes (con toda probabilidad intencionado, a falta de confirmación oficial), ha dejado a las Pitiusas sin Administración de Justicia. O al menos y temporalmente, sin la actividad de instrucción de las causas penales y sin poder enjuiciar los delitos castigados con pena de cárcel inferior a cinco años.

Pese a la ubicación precaria en dependencias del Cetis de algunas oficinas de los juzgados afectados, será de todo punto imposible recobrar la normalidad hasta que las obras en el nuevo edificio judicial en el solar de sa Graduada, a pocos metros del inmueble tiznado, estén concluidas al menos en parte. No hay otra solución posible.

Si la Justicia en Ibiza era lenta, prepárense por lo que está por venir. Una situación, reitero, de la que no hay antecedentes en ningún lugar de España. Por la magnitud del desastre, por el volumen de documentos destruidos, por la cantidad de causas y personas afectadas. Un caos total que requiere de una respuesta del Ministerio de Justicia proporcional a la emergencia que se ha generado.

Lamentablemente, no podemos ser optimistas. ¿Ustedes han visto por aquí a algún alto cargo del Ministerio, del Consejo General del Poder Judicial o del Tribunal Superior de Justicia de Balears? Yo no. Parece que el único que está dando la cara sea el juez decano de Ibiza, como si en su mano estuviera solventar una situación que a todas luces se escapa de lo que él, por más que quiera, puede arreglar. Es muy deprimente. ¿Tendrán algo más urgente que atender la ministra Dolores Delgado; el presidente del CGPJ, Carlos Lesmes; o el presidente del TSJB, Antoni Terrasa? Me da la sensación que no, pese a lo cual no parece inquietarles la situación que se vive en Ibiza y Formentera, donde a excepción del juzgado de guardia, con una precariedad flagrante e improrrogable más allá de lo imprescindible, toda investigación penal y todo enjuiciamiento de delito menos grave está congelada sine die.

Sin código ético y sin pacto antitransfugismo

La situación por la que atraviesa el acuerdo de gobernabilidad suscrito en Sant Antoni entre el PSOE, Reinicia y el PI también es de extrema gravedad. La decisión de Cristina Ribas, segunda tenienta de alcalde, de romper el carné del PI, partido por el que se presentó a las elecciones en 2015, ha puesto en peligro aquel pacto tripartito a pocos meses de las elecciones.

Ribas no ha explicado las razones concretas de su decisión, seguramente porque no puede. Pero es inevitable pensar que el ofrecimiento de Simón Planells, candidato a la alcaldía de Sant Antoni por el PSOE en sustitución de Josep Tur Cires, para que se incorpore a su lista electoral (algo que Periódico de Ibiza y Formentera desveló en primicia), está detrás de la actuación de Cristina Ribas.

Por más que Simón Planells y Patricia Abascal lo nieguen, Cristina Ribas se ha convertido en tránsfuga al abandonar la disciplina del partido por el cual obtuvo su acta de concejala y negarse a dejar los cargos que recibió gracias a ello. Lo peor es que el instigador de este caso de transfuguismo de libro es el PSOE, una formación que firmó el Pacto Nacional para impedir la proliferación de este fenómeno que causa tanto rechazo y tanto desapego por la política. El mismo partido que pisotea su propio código ético al mantener a Aída Alcaraz en sus cargos municipales a pesar de que se ha abierto juicio oral contra ella, acusada de un delito de acoso laboral por el que la Fiscalía solicita un año de cárcel.

Ya ven, tenemos en Sant Antoni a dos personas que se han convertido en absolutamente irremplazables para el PSOE, Aída Alcaraz y Cristina Ribas. Y los vecinos sin saberlo.

El PSOE está dilapidando inútilmente buena parte de su credibilidad política al vulnerar el acuerdo de gobierno con el PI, el pacto antitransfuguismo suscrito en 2006 y su propio código ético. Y todo ello en la misma semana. ¿Para lograr qué? ¿Qué gana el PSOE con esta situación? Algo se nos escapa, pero les prometo que intentaremos averiguarlo, porque en este culebrón portmanyí hay demasiados cabos sueltos que la ciudadanía tiene derecho a conocer. Y les aseguro que conocerá.

Feliz domingo.

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cucurullturull
Hace 7 meses

Quién habrá sido el pirómano??? Qui prodest??? PZOE & Compañía???

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