El acuerdo establece el cierre temporal para el atraque de barcos de transporte de vehículos y mercancías.

El puerto de Sant Antoni ha suspendido, de forma temporal hasta 2020, la concesión de autorizaciones para el atraque de embarcaciones de transporte regular de vehículos y mercancías. Un acuerdo que se tomó el jueves por el Consejo de Administración de Ports de les Illes Balears que será remitido al Consell de Govern de la semana que viene para su aprobación definitiva.

Para el Consistorio de la localidad se trata de una «buena» noticia que, según han dicho en reiteradas ocasiones, ha contado con el «consenso» de los diferentes partidos políticos y de los comerciantes y empresarios de Sant Antoni. Sin embargo, la realidad es diferente.

A juicio de Rafael Cardona, portavoz de la Asociación Patronal de Empresarios de Actividades Marítimas de Baleares (Apeam), la decisión de cerrar el puerto es un «error», más aún «en la época de convulsión que estamos en cuanto a cómo irá la temporada turística este año». Para la patronal no es de recibo que Sant Antoni «cierre» sus puertas a los vehículos «cuando siempre se ha considerado que van en régimen de equipaje, como si fuesen la maleta del pasajero».

En este sentido, Cardona recordó que era previsible que, con esta medida, las navieras no programaran viajes porque «prohibir esto significa prohibir a los turistas en el puerto». Asimismo, reiteró que a las empresas no les interesa viajar solo con pasajeros porque «no es un trayecto de media hora como a Formentera en el que se recorren 10 millas», sino que las 74 millas que separan, por ejemplo, Dénia de Sant Antoni requieren de barcos diferentes a los que no les compensa «económicamente» trasladar únicamente a pasajeros.

A bote pronto, indicó que, desde mediados de mayo y hasta mediados de septiembre, hay un mínimo de dos rotaciones por compañía. Esto significa que en 150 días hay unas 300 escalas que, el año pasado, trajeron a Sant Antoni a alrededor de 80.000 pasajeros. «Estoy seguro de que el 30% del gasto de la gente que llegaba, se quedaba en el pueblo». En la misma línea, subrayó que, según las estadísticas, el 80% de las personas viajan con vehículo por lo que con este cambio «las navieras van a salir perdiendo».

Por este motivo, desde la patronal consideran «desacertada» la medida que va a suponer una pérdida económica importante para Sant Antoni, además de ser «incongruente» tener dos puertos en una isla turística y cerrar uno de ellos. «El alcalde dice que es para proteger la posidonia, pero aquí solo hay fango», criticó Cardona. Además, señaló que dejar un único puerto en funcionamiento puede tener consecuencias inesperadas. «Si pasa algo y el puerto de Eivissa se queda bloqueado, ¿por dónde van a entrar las mercancías y los pasajeros?».

Comerciantes

Varios empresarios y comerciantes de la zona portuaria también tildan de «error» el cierre del puerto y critican la falta de voluntad, por parte del equipo de gobierno, para preguntar a los sectores afectados su opinión. «Van a convertir el puerto en un puerto deportivo y a ninguno nos han preguntado si nos afecta o no», lamentó ayer Rafael Costa, propietario de dos comercios de la zona y un rent a car.

Para él, se está prohibiendo la entrada de barcos porque «no van a venir solo con pasajeros». Una medida que, según explicó, va a afectar a los restaurantes, tiendas y taxistas de Sant Antoni. «El tema de los atascos en el desembarco de coches no es del todo cierto porque tardan entre 20 y 30 minutos en salir, como en las salidas del colegio o en algunas calles de Vila, eso no es un atasco», remarcó Costa.

Alberto Ruiz, también trabajador de la zona, compartió su opinión. A su juicio, se trata de un «atraso» porque en una isla que vive del turismo «hay que tener puertos». Ruiz quiso recordar que «las personas, cuando iban a embarcar, se daban un paseo por el puerto, compraban algo... y eso se va a perder». Sí que reconoció que las mercancías causaban pequeños colapsos, pero «no pasaba eso con los vehículos».

Oposición

Ni Partido Popular ni el PI comparten la prohibición de vehículos en el puerto, aunque sí que apoyan la prohibición de la llegada de mercancías. En esta línea, la popular Sara Ramón recordó que cuando la ley llegó al Parlament se retiró in extremis porque «estaba mal hecha». Según explicó, la decisión tomada en ese momento pasaba por buscar el consenso de todas las partes implicadas; a pesar de ello, la decisión se ha tomado sin preguntar a nadie.

Por ello, el PP pide que se retire y que se hago caso a la moción que, según avanzaron, presentarán en el próximo pleno en la que piden que se haga una «consulta popular» al tratarse de «una decisión muy importante tanto económica como socialmente no solo para Sant Antoni, sino para la isla en general».

El portavoz del PI en el Consistorio, Joan Torres, no entiende que una familia no pueda venir con su propio vehículo a Sant Antoni. «Creemos que es un error monumental cuando estamos a dos meses de las elecciones», lamentó. Según dijo, la Asociación de Comerciantes y la Pimeef le han trasladado su descontento al considerar que se trata de una decisión «precipitada y nada positiva».

Para Torres, no es comprensible que el Parlament dejara el tema «encima de la mesa» y «ahora se ha aprobado por detrás y deprisa a través de la ley de capitalidad de Vila». Por lo que le compete, Rafa Ruiz, alcalde de Vila, argumentó que «si el Govern ha encontrado que esa es una manera de satisfacer las peticiones del municipio, yo me solidarizo con ese municipio para que así sea». Lo que a él le interesa, dijo, es saber si el PP apoyará o no la capitalidad de Vila.