Aitor Morrás, candidato de Podemos a la alcadía de Vila, entrevistado en las instalaciones de Periódico de Ibiza y Formentera. | MARCELO SASTRE

Aitor Morrás (Oviedo, 1963) es diputado en el Parlament balear por Podemos, lugar que abandonará al final de la presente legislatura para optar a la alcaldía de Vila. Morrás, explica que abandona el Parlament para aplicar en la capital de Ibiza «las medidas legales que hemos adoptado en el Parlament» y cita, entre ellas, la Ley de Vivienda, la Ley de Residuos y Suelos Contaminados y la Ley de Cambio Climático, como los «grandes logros» de la legislatura a nivel balear.

¿Por qué decide presentarse a la alcaldía de Vila?
—A mí la actividad parlamentaria me gusta pero también tengo responsabilidades personales y familiares que si estoy a plena dedicación en el Parlament me cuesta afrontarlas con la necesidad que creo que debo prestar como padre. También me atrae la posibilidad de aterrizar a nivel municipal las medidas legales que hemos adoptado en el Parlament, en las cuales Podemos ha tenido mucho que ver, como las leyes de vivienda, residuos o cambio climático. Es otro ámbito, en el que creo que me voy a sentir cómodo también, porque me gusta el contacto con la gente y creo que el municipalismo actúa directamente sobre las necesidades de la gente.

Si ganara las elecciones, ¿cuáles serían sus primeras medidas como alcalde?
—Tenemos un modelo de ciudad «amable» para los residentes y también para las personas que nos visiten. Tiene que ser una ciudad solidaria y tiene que serlo con una mirada feminista, donde el derecho a la vivienda, a la movilidad, a la participación y al descanso se pongan en el centro de la agenda política. Los vecinos y vecinas de Ibiza tienen que poder disfrutar de su ciudad y tener calidad de vida, eso es lo principal. Eso implica, por ejemplo, atender los servicios sociales, mantener las calles limpias o ensanchar las aceras, políticas que «dinamicen» la vida comunitaria de los barrios.

Una de las asignaturas pendientes es la separación completa de las aguas pluviales y residuales.
—Dentro de poco acabará el tanque de tormentas, que está realizando el Ministerio de Transición Ecológica, que ya separa las aguas pluviales de las fecales. Lo que tenemos que hacer es, a través de un plan director de aguas, que hay que diseñar lo antes posible, «retrotraer» toda esa infraestructura que tenemos en el tanque de tormentas hasta completar la canalización de la ciudad.

Los vecinos de la Marina llevan tiempo denunciando que el barrio está destértico en invierno. ¿Cómo se podría impulsar su actividad?
—Es verdad, es un barrio que se ha despoblado y eso tiene consecuencias para el comercio. En la Marina y Dalt Vila, planteamos aplicar la ley turística, hacer incidencia de todos los alquileres turísticos ilegales para actuar sobre ellos mediante la colaboración de la Policía Local e Inspección Turística para que esos pisos pasen a alquiler anual, cumpliendo su función social, que es que sea utilizada y no de forma mercantil. Si somos capaces de habitar esos pisos, el comercio se dinamizará también. Este comercio está pasando dificultades, sobre todo, durante los meses de temporada baja, y eso no se arregla solamente con medidas fiscales, que también es posible realizarlas. Cuando hablo de inspección, no se trata solamente de medidas coercitivas o recaudatorias. Una de las enmiendas que presentamos a la ley de alquiler turístico fue que el propietario que tenga un piso en alquiler turístico, podrá ser condonada su sanción en un 80%, si pone la vivienda a disposición de un alquiler anual.

El PSOE llegó a un acuerdo con Podemos en los Presupuestos Generales del Estado, que no se han aprobado, para que los ayuntamientos puedan fijar topes en los alquileres. ¿Los establecería?
—Sí, seríamos partidarios. De hecho, una cosa es que alguien busce algo de «rentabilidad» a una inversión realizada y otra que, como consecuencia de la ostentación de un bien, perjudique otro derecho, como es el de la vivienda. Según el artículo 128 de la Constitución, toda la riqueza del país está subordinada al interés general. En Ibiza siempre ha habido ese alquiler de verano, lo que pasa es que ahora, con el auge de las plataformas de comercialización masiva, el asunto se ha «desmadrado» tanto que choca con el derecho a la vivienda. Si hubiera una disposición estatal que permitiese al ayuntamiento de Ibiza (en función de la zona, de la calidad de la vivienda y una serie de parámetros), regular los precios del alquiler, estaríamos a favor de establecer unos precios máximos.

En cuanto a movilidad, ¿cuál es su posición? Hay un debate sobre el modelo de transporte de la ciudad.
—Somos favorables a la «pacificación», lo que significa, entre otras cosas, que haya menos coches, y que haya más espacio para las personas. Somos partidarios de aumentar el transporte público pero también de construir al menos tres aparcamientos municipales subterráneos, destinados a los vecinos en forma de alquiler sostenible. De esta forma, conseguiríamos quitar de los aparcamientos muchos vehículos y estos espacios serían ocupados por un ensanchamiento de la acera. Ahora mismo es imposible que tres amigos paseen en paralelo por muchas aceras de la ciudad. A veces ni siquiera pueden ir dos personas con un carrito de bebé, porque hay que estar esquivando a las personas continuamente.

¿Dónde se construirían?
—Se podría construir uno donde están las pistas de tenis del Parque de la Paz, que se ampliaría con la remodelación de Mercat Nou, otro en la zona de Santa Margalida, enfrente de juzgados y otro que daría servicio a los vecinos de la Marina, en el parque Reina Sofía. Es un modelo que planteamos a futuro. Aprovechando la financiación anual que tendremos con la ley de Capitalidad de Vila, si finalmente se aprueba, se puede invertir en infraestructuras de este tipo porque van a mejorar la vida de la gente. Cuando hablamos de que la ciudad tiene que tener una perspectiva feminista, hay que recordar que las mujeres son las que mayoritariamente se encargan de los cuidados: de los niños, de los mayores, del entorno familiar... Por eso, cuando hablamos de las aceras, por ejemplo, tenemos que crear espacios donde se pueda pasear, hablar en grupo, para crear vida comunitaria en cada zona de la ciudad y ayudaría también a los pequeños negocios. Además, necesitamos que los espacios y las calles tengan iluminación nocturna idónea.

Cuando habla de darle a la ciudad una perspectiva feminista, ¿a qué otras medidas se refiere?
—A espacios de convivencia, como los parques, por ejemplo, en los que se genere comunidad y bienestar. Eso es lo que tiene que ser una ciudad y un barrio. Y eso también incentiva el comercio de proximidad, porque son espacios amables para las familias, en lugar de coger el coche y salir de la ciudad para hacer la compra. Si se fomentan los espacios «amables» y comunitarios, se incentiva el comercio de proximidad y las familias podrían disfrutar en sus barrios, en sus zonas, sin necesidad de tener que desplazarse a un sitio para comprar alimentos, a otro para disfrutar de determinados tipos de parque, etcétera. Esos espacios, en la medida de lo posible, tienen que ser cercanos a los sitios de residencia.

Los pequeños comercios se quejan, a menudo, de que no pueden competir contra las grandes superficies. ¿Cómo podrían hacerlo?
—Generando esos espacios de convivencia en los barrios y en las diferentes zonas de la ciudad. Si una persona puede comprar cerca de su casa, a dos manzanas de su portal, no se va a ir fuera de la ciudad a comprar. Lo que pasa es que los precios también tienen que ser asequibles, aunque la verdad es que en Ibiza la cesta de la compra es cara en todas partes. Los comercios de proximidad tendrían que competir, también en precio, en la medida de lo posible, con esas grandes superficies. Cuántos más clientes haya en el barrio, a medida que vivan más personas que a la vez disfrutan de él, más se beneficiará el comercio local. Si la gente no compra en su zona, el barrio se despuebla de ese tipo de comercio. Lo que hay que hacer es alimentarlo.

La demanda de prostitución ha aumentado y en algunas zonas de Vila es fácilmente perceptible.
—Esa es una de las mayores lacras, después de la violencia machista. Nosotros prohibiremos todo tipo de exposición de anuncios, tanto de locales como de personas que se quieran anunciar para este tipo de actividad. No podemos colaborar con lo que es una vejación hacia las mujeres, sobre todo, cuando hablamos de trata de personas.

El mes pasado dijo que no quería que el futuro albergue municipal se construya en la calle Vicent Serra i Orvay, donde tiene previsto ejecutarlo el actual gobierno municipal. ¿Cuál es su propuesta? ¿En qué se diferencia a la que hace la oposición?
—El PP quiere construirlo en Es Gorg, donde pretenden incluir los distintos perfiles de personas que puedan necesitar un albergue en un momento concreto, lo que entra en contradicción con los informes técnicos que desaconsejan esta mezcla. Están las personas con perfil de baja exigencia, personas sin techo, a las que no se les pide nada para darles alojamiento. Luego están los perfiles medios, a quienes se les pide que participen en alguna acción de integración social, por ejemplo. Y finalmente están los de alta exigencia, que son las personas sin problemas psicológicos ni de adicciones o de otro tipo, que puntualmente se quedan sin trabajo o a quienes se les ha subido el precio del alquiler, etcétera. Entonces, acertadamente, se dijo que había que separar los perfiles.
Es Gorg se queda solo para personas de baja exigencia y, se supone que el Centro de Acogida Municipal de Vicent Serra se queda para perfiles de alta exigencia. Así que solo coincidimos con el PP en que Vicent Serra no es el espacio idóneo, pero no lo es porque nace pequeño. El actual Centro de Acogida Municipal de Cáritas tiene 20 plazas, mientras que a finales de 2018 el Ayuntamiento ya dijo que tenía una larga lista de espera y las cuantificaba en 18 personas y además dicen que tienen otras 10 personas acogidas en pisos. Si el actual proyecto del albergue, que está en fase de exposición pública, y que debido al Plan General de Ordenación Urbana, tiene una capacidad para ocho habitaciones y 15 plazas, está claro que queda pequeño, según los números que facilita el propio Ayuntamiento.
Nuestra propuesta consiste en cambiar la ubicación y hacer, en el solar que proponemos, un centro integral en el que haya habitaciones necesarias para acoger a unas 40 o 50 personas, con espacio suficiente pero sin crear un «macrocentro». Y, en ese mismo edificio, incluiríamos todo lo que tiene que ver con Formación Profesional e inserción en el mercado laboral y trasladar también todo el personal de servicios sociales. También incluiríamos la oficina de la vivienda, que ya debería haberse puesto en marcha por parte del Ayuntamiento, en la que se dé asesoramiento acerca de temas de vivienda, que es uno de los problemas principales que tenemos en el municipio.

¿El proyecto de Podemos se mantiene aunque salga adelante la licitación del actual en Vicent Serra?
—No sabemos si el Ayuntamiento tendrá tiempo de licitar porque todavía están en fase de recursos (presentados por los vecinos). Nosotros planteamos que el edificio esté al final de la calle del Bisbe Abad y Lasierra, donde se está proyectado construir la nueva Casa de la Música.