La Policía Nacional trasladó ayer por la mañana a un detenido a los juzgados de lo penal, que están ubicados en la planta baja del Consell d'Eivissa, ante la mirada atónita de los presentes.

El «objetivo primordial y estratégico» para la administración de Justicia en Ibiza es la «recuperación de la normalidad funcional en el nuevo edificio de aquí a unos meses», pero para paliar y minimizar el «angustioso, inviable o acuciante» panorama que se puede dar en verano se está agilizando el alquiler de un espacio de 400 metros cuadrados en la torre 6 del Cetis. Así lo avanzaron ayer el presidente del Tribunal Superior de Justicia en las Illes Balears, Antoni Terrasa, y el juez decano de Ibiza, Juan Carlos Torres.

Ambos coincidieron en la imperiosa necesidad de adquirir más espacios y asumir «objetivos realistas». Antoni Terrasa y Juan Carlos Torres comparecieron ante los medios tras la primera visita del presidente del TJSIB después del incendio que el 21 de enero dejó inoperativos los Juzgados de Isidor Macabich.

El presidente del TSJIB indicó que hasta ahora su presencia en Ibiza «no tenía mucho sentido porque mi labor es evaluar la actividad jurisdiccional. Hoy -por ayer- he venido porque se ha puesto en marcha una actividad más allá de los servicios básicos y esenciales: se han puesto en marcha los Juzgados Penales», subrayó Terrasa, quien enfatizó que «hemos estado en constante comunicación». Preguntado por las críticas vertidas desde Palma la semana pasada sobre «vacilaciones» en la toma de decisiones en Ibiza, Terrasa advirtió que «no ha habido ni discrepancias, ni disidencias, ni se dijo que los planteamientos fueran inconvenientes o descabellados, simplemente se apuntó que las medidas podían esperar a los nuevos espacios a alquilar».

Terrasa argumentó que las instalaciones dispuestas «no son malas pero sí deficitarias en cuanto al espacio. Poner en marcha un juzgado no es nada fácil: es un engranaje con muchos actores implicados».

Pendientes de un nuevo alquiler
El presidente del TSJIB agradeció y reconoció el esfuerzo y colaboración de Consell Insular y Ayuntamiento de Vila, así como de todos los operadores de justicia que «han mantenido una línea discreta de apoyo en una travesía dura, un esfuerzo extraordinario que nos ahorrará frustraciones», destacó. Terrasa añadió que tras una catástrofe de la envergadura del incendio sufrido, se sigue un patrón con tres fases. La primera etapa es la de la implantación de los servicios básicos, que se hizo con la puesta en marcha del juzgado de guardia y el de Violencia sobre la Mujer. Según su experiencia, la segunda etapa arrancó ayer con la puesta en marcha de los Juzgados de lo Penal. Terrasa relató que «las condiciones seguramente no son las mejores porque es un escenario provisional y precario» y añadió que la «situación mejorará si el alquiler que está en trámite y aprobado por Justicia fuese una realidad en dos o tres semanas. En todo caso, el objetivo primordial y estratégico es la recuperación de la normalidad funcional en el nuevo edificio de aquí a unos meses. A partir de aquí, miraremos de establecer refuerzos y medidas que permitan una recuperación de la paralización que nos ha sobrevenido durante unos meses», argumentó.

Terrasa valoró que con las actuales condiciones «el trabajo de recuperación podrá ser efectivo, pero discreto y limitado. Lo importante es seguir sin ninguna resignación y poner empeño para que cada día nos de una dosis de recuperación».

Respecto a la puesta en marcha del nuevo edificio, el presidente del TSJIB indicó que «tratar de acertar o adivinar cuándo será el traslado dependerá de lo que permitan las condiciones de ocupar el nuevo edificio. Está claro que la época estival acuciará y aumentará significativamente las dificultades por eso estamos pensando en ese famoso alquiler que tenemos a la vista en una semana. Si se produce nos proporcionará una capacidad mayor y mejor para afrontar la temporada de verano». No obstante, hizo hincapié en que el traslado no supone la instalación de una actividad judicial.

En este sentido, el juez decano de Ibiza resaltó que en el edificio incendiado «no sólo habían 80 trabajadores, había todo un engranaje coordinado, un ensamblaje consolidado» e incidió en el hecho de que ahora la operatividad partirá de cero. Terrasa añadió que «la situación mejorará día a día, pero hay que dejarla reposar para que tome aliento».

Torres indicó que permanecer en las actuales condiciones de precariedad más allá de junio podría calificarse de «inviable, angustioso o acuciante», pero expresó su confianza en que se cierre el alquiler de esos nuevos espacios en el Cetis. «Entiendo que vamos por el buen camino y es una necesidad que ya puse sobre la mesa el 1 de febrero, apenas diez días después del incendio», advirtió el juez decano.

Cuestionados sobre si el alquiler estaba pendiente de una posible deuda con la propiedad de las instalaciones, ambos trasladaron la pelota al tejado del Ministerio de Justicia.

Visita al Consell
La agenda del presidente del TSJIB arrancó con una visita al Consell Insular junto a la secretaria coordinadora de Menorca y Pitiusas, Josefa Juan Marí. Tras mantener una reunión con el presidente del Consell, Vicent Torres, la delegación visitó las dependencias habilitadas para los juzgados de lo Penal 1 y 2 de Ibiza.

Terrasa agradeció el apoyo de la institución insular a la hora de atender las necesidades que se le plantearon a la administración de Justicia en Ibiza tras el incendio y comprobó ‘in situ’ las condiciones de unos órganos judiciales que desde ayer ya tenía operativos a doce funcionarios.

EL APUNTE

Críticas de los sindicatos y protesta de los abogados del turno de oficio

En el contexto de la visita del presidente del TSJIB a Ibiza también se pusieron de manifiesto algunas protestas o quejas por parte de diversos operadores de Justicia. Así, un grupo de letrados del turno de oficio esperó a Antoni Terrasa en la sala donde se realizó la rueda de prensa para expresar su protesta por la situación que atraviesa el colectivo por la falta de pagos. Media docena de abogados mostraron carteles en los que demandaban «pagos dignos» y mejoras en sus condiciones, tales como una sala de letrados en el nuevo juzgado.

Por otra parte, el responsable de Justicia del CSIF, Sabino Aramburu, hizo un llamamiento al Ministerio de Justicia para que «tome conciencia de la caótica situación que hay en Ibiza» y agilice la obra del nuevo juzgado.