Comparecencia de Cristina Ribas ante el Juzgado de Instrucción número 1 de Ibiza | Youtube: Periódico de Ibiza y Formentera

La teniente de alcalde y responsable del área de Urbanisme de Sant Antoni, Cristina Ribas, compareció el pasado 25 de octubre ante la jueza, en calidad de investigada por un presunto delito de prevaricación administrativa. La paralización de la apertura del chiringuito de Cala Gració, a pesar de que tenía todas las licencias necesarias para iniciar la actividad, provocó que la promotora del quiosco-bar, Bambagas S.L., presentara una querella contra ella, el alcalde y dos técnicos municipales.

En su declaración, que se prolongó 25 minutos, y a preguntas del fiscal, de los abogados de la parte denunciante, de su propia abogada y de la jueza, la concejala tránsfuga aseguró que la licencia concedida a Bambagas S.L. «está mal dada porque le faltan cosas esenciales». Y culpó al secretario municipal, que por aquel entonces colaboraba con el departamento de Urbanismo y que el 5 de julio redactó un informe en el que daba el visto bueno a la apertura del establecimiento desmontable.

«El alcalde y yo misma le decíamos (al secretario) que esperara a recibir el informe de Pau Mir (el abogado externo especializado en urbanismo contratado por el Ayuntamiento para que realizara un informe sobre la licencia concedida a Bambagas S.L.) para que pudiera hacer su informe, porque no era especialista en urbanismo y a lo mejor se estaba equivocando», explicó la edil.

Un informe que el secretario modificó después de que tanto Cristina Ribas como el alcalde leyeran una primera versión, como confirmó la concejala de Urbanismo ante la jueza. «Unos días antes a mí me lo había dejado leer. Considero que en este informe (el secretario) está maltratando bastante a las funcionarias, pero el que estaba previsto anteriormente era todavía peor», apuntó Ribas, desmintiendo al alcalde, Pep Tur, que en su declaración niega que hablara con el secretario sobre el informe del chiringuito.

Tanto el alcalde como Ribas negaron que el motivo del decreto por el que se dejó sin efecto las funciones que el secretario venía ejerciendo desde septiembre de 2017 de colaboración con Urbanismo, tuviera nada que ver con el chiringuito. «El secretario tenía demasiada carga con sus funciones de secretario como para ocuparse de Urbanismo. Estaba descuidando otras áreas del Ayuntamiento y otros concejales se estaban quejando. Su informe no tenía nada que ver», aseguró Ribas.

Final de obra

Ribas alegó que paralizaron el inicio de la actividad del chiringuito porque «ellos tenían que certificar que habían finalizado la obra, pero no se puede certificar una obra que no ha existido porque, en ningún momento, han tenido una licencia de obra».

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La responsable de Urbanisme aseguró que el equipo de gobierno no tenía ninguna voluntad de que el chiringuito no abriera. «Si hay que abrirlo, pues se abre», zanjó.

EL APUNTE

Sant Antoni estudia cómo contestar al aviso de la promotora

La promotora del chiringuito de Cala Gració envió la semana pasada un escrito al Ayuntamiento de Sant Antoni en el cual informó de su intención de abrir el negocio el próximo mes de mayo.

La sociedad mercantil Bambagas S.L. avisó al Ayuntamiento de Sant Antoni que ejercerá la actividad de quiosco-bar en la punta de Cala Gració durante las temporadas de verano de 2019 y 2020 y que gracias a la reciente aprobación de la Ley 6/2019, que modifica la Ley balear de Actividades, ya no es necesario que el Consistorio emita el certificado municipal de finalización de obras para que pueda iniciar su actividad. Precisamente, la denegación de este trámite por parte del Ayuntamiento fue el que impidió a Bambagas S.L. poner el marcha el verano pasado el chiringuito de Cala Gració.

El Ayuntamiento de Sant Antoni apuntó ayer que recibió el escrito «el jueves a última hora» y que los técnicos municipales «lo están estudiando».

La negativa de Sant Antoni a emitir el certificado de final de obra «causó unos graves perjuicios a Bambagas S.L., tanto en forma de daño emergente, como de lucro cesante». Unas pérdidas que la promotora del chiringuito «tiene la intención reclamar mediante el ejercicio de una acción de responsabilidad patrimonial».