María Isabel Ros, en su puesto de trabajo la semana pasada. | MARCELO SASTRE

Maria Isabel Ros es una de las 678 auxiliares administrativos excluidas de las convocatorias de empleo público de la Sanidad de Balears por no haber acreditado, mediante un título oficial, el conocimiento de la lengua catalana; una situación que también han sufrido 142 administrativos.

Según explicó, «cuando me inscribí a la oposición en 2018, pedían el B1 y, en ese momento, me lo estaba sacando»; lo que significa que en el momento de la inscripción, Ros no contaba de forma oficial con el título acreditativo.

De este modo, hace unas semanas se conoció el listado definitivo de personas aceptadas y excluidas en la oposición, siendo ella una de las últimas. «Cuando salieron las listas alegué que ya tengo el título, pero me lo han denegado. No me dejan presentarme porque dicen que mi título es posterior a la fecha de inscripción a la oposición», lamentó la auxiliar administrativa.

Para ella, se trata de una «injusticia» porque «soy interina desde hace 16 años en Baleares y me van a quitar la interinidad». De esos 16 años, 12 lleva trabajando en el Centro de Salud de es Viver. «Además, me saqué el título de catalán para poder opositar el 7 de abril y no me lo admiten».

Por su parte, Sergio Navarro, delegado sindical de CSIF, recordó que el sindicato ha presentado una demanda ante la Sala de lo Contencioso del Tribunal Superior de Justicia de Balears contra la nueva norma lingüística autonómica. «Ahora estamos en fase de poder hacer un recurso de reposición», añadió, aunque dijo que «no servirá de nada».

Diferencias

Por su parte, Ros recordó que tanto la consellera de Salut como la presidenta del Govern balear han dicho, en reiteradas ocasiones, que el decreto «permite que todas las personas se puedan presentar a las oposiciones», tengan o no conocimiento del catalán.

Sin embargo, las condiciones fijadas por el Govern para los profesionales no sanitarios son diferentes a las establecidas para médicos, enfermeros y celadores. Así, según el decreto aprobado hace un año, los profesionales no sanitarios deben acreditar previamente la titulación lingüística exigida para cada rango laboral; una situación contraria al personal sanitario que tiene dos años para poder hacerlo.