El TSJIB pide al CGPJ una «visita presencial» al Juzgado de Violencia sobre la Mujer

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El presidente del TSJIB, Antonio Terrasa, junto al juez decano, Juan Carlos Torres, durante su visita a Ibiza en febrero.

El presidente del TSJIB, Antonio Terrasa, junto al juez decano, Juan Carlos Torres, durante su visita a Ibiza en febrero.

26-02-2019 | DANIEL ESPINOSA

La Sala de Gobierno del Tribunal Superior de Justicia de las Illes Balears acordó ayer «reiterar la exigencia de que, sin más demora, los Juzgados de Instrucción, de lo Penal, y el de Violencia sobre la Mujer de Ibiza obtengan espacio y condiciones adecuadas, especialmente ante la inminencia de un sobrecargado servicio de guardia durante la época estival».

Según informó la portavoz del TSJIB, la Sala ha solicitado del Servicio de Inspección del CGPJ una visita presencial extraordinaria al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, «vistas sus peculiaridades organizativas» y pide que la Sección de Prevención de Riesgos Laborales del CGPJ evalúe la situación del juez titular del Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Ibiza, «pese a tratarse del juzgado con menor carga de entre los de su clase en estas islas».

«Espacio insuficiente»
El acta de la reunión de la Sala de Gobierno indica que «la información obtenida reafirma que el Juzgado de Violencia sobre la Mujer (JVSM) de Ibiza, tras el incendio, se está desenvolviendo en un espacio provisional insuficiente».

Asimismo, advierte que, «en cualquier caso, resulta llamativo que la proporción de diligencias tramitadas como urgentes en el Juzgado de Violencia sobre la Mujer de Ibiza, duplique el promedio estatal y triplique el de los demás órganos de la misma clase en estas islas, máxime cuando prácticamente la mitad acaba archivadas». Y añaden que la «concentración insdiscriminada de todas las actividades procesales urgentes en una misma mañana, separadas con 15 minutos de diferencia por cada asunto (en el que pueden intervenir las partes, sus abogados, los testigos, peritos...) parece contraindicada en cualquier caso, y sobre todo ante la actual limitación del espacio disponible».

La sala de Gobierno añade que todo esto «desemboca en lo que el propio juez califica como ‘gran barullo de personal’, severamente desaconsejable por la coincidencia entre presuntos agresores y víctimas, a las que -incomprensiblemente- no se toma declaración en el despacho habilitado para su provacidad, y se exceden ampliamente los horarios reglamentarios».

Tras analizar este panorama, la Sala de Gobierno del TSJIB acordó reiterar la exigencia de que, sin más demora, se obtengan los espacios necesitados por los órganos judiciales afectados por el incendio; solicitan al Servicio de Inspección del CGPJ una visita presencial al Juzgado de Violencia sobre la Mujer, así como que la Sección de Prevención de Riesgos Laborales «evalúe la situación del juez titular del Jugado de Violencia sobre la Mujer, pese a tratarse del juzgado de menor carga de entre los de su clase en estas islas».

La Sala de Gobierno ha elevado al Consejo General del Poder Judicial las diligencias informativas, que también han sido comunicadas al órgano afectado.

EL APUNTE

Trabajadores ya sopesan actos de protesta por las condiciones

Dos meses después del incendio que cortocircuiteo el edificio del número 4 de Isidor Macabich, la administración de Justicia en Ibiza se encuentra en una situación «extremadamente crítica», una coyuntura que puede desembocar en breve en paros y concentraciones de los trabajadores en protesta por las condiciones laborales en las que se encuentran. Así, tal y como avanzó Periódico de Ibiza y Formentera en su edición de ayer, los primeros trabajadores que podrían expresar su malestar a través de concentraciones sería el personal de los juzgados de lo Penal, que ya han expresado su intención de concentrarse ante la sede del Consell para denunciar la «falta de recursos, estrecheces y obstáculos con los que trabajan a día de hoy» en los espacios habilitados en el Consell Insular. En los juzgados de lo Penal se incorporó a todo el personal que se ubican en unos espacios que, según denuncian, «no son aptos para el desarrollo del trabajo».

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