«Calculamos que en la isla hay más de 500 afectados», señaló ayer el presidente de la Cámara de Comercio, Carlos Marí Mayans. «Existe mucha incertidumbre, sobre todo en el tema de los plazos y las prórrogas», detalló.
Una incertidumbre que también respiran muchos propietarios de viviendas.
Desde el Colegio de Agentes de la Propiedad Inmobiliaria (API) señalaron que les están llegando muchas consultas «para saber si deben ejercen la solicitud de prórroga de la concesión o aplican otros plazos con riesgos de perder la titularidad de la propiedad», aseguró su portavoz, Jeffrey Fernández.
Ley de Costas
Según explicó el abogado José Antonio García-Trevijano, en 1988 se declaró «la titularidad pública de numerosos terrenos limítrofes con el litoral, estableciendo que los antiguos propietarios pasaran a ser titulares de concesiones que otorgaban el derecho de los usos y aprovechamientos existentes sin la obligación de abonar un canon».
Estas concesiones, que aseguró «venían a sustituir el justiprecio que el Estado estaba obligado a abonar a todo propietario que se ve privado del derecho de propiedad», tienen el derecho a una prórroga de otros 30 años. Un plazo que cumple a final de este mes.
Durante las jornadas organizadas por la Cámara de Comercio y celebradas en la sede de la UIB para intentar aclarar las dudas a los afectados y saber qué acciones deben llevar a cabo, este letrado experto en la materia explicó que el problema en cuanto a le ley reside en que «dice que las prórrogas se otorgarán de oficio aunque no se pidan, pero no ha sido así. La administración del Estado que es la competente en este tema se ha despreocupado durante 30 años de gestionar la ley», señaló.
Durante su charla explicativa aconsejó a los más de 100 afectados que acudieron a informarse que la mejor opción es llevar a cabo «una petición cautelar de la prórroga para asegurarse sin perjuicio de reclamar el cumplimiento de la ley».
La Cámara de Comercio ha creado una Comisión de afectados por la Ley de Costas del 88 para trabajar todos unidos en este asunto.
3 comentarios
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Pues yo estoy de acuerdo con Oliver, la costa es de todos, a quien se lo compraron a precio de oro no fue al estado, y con todo el tiempo que han tenido para explotarlo y cobrarlo todo a precio de oro ya se pueden dar por pagados, asi que a desmontar el chiringuito y a dejarnos disfrutar de las playas virgenes sin 50.000 hamacas ni beach clubs clonicos para instagramers de medio pelo.
Que valiente es la ignorancia. Oliver... si no sabes no te escribas que solo haces crear mal rollo donde no lo debe haber. Los afectados son gente que compró su propiedad residencial o un negocio en zona costera pagándolo a precio de oro seguramente y el Estado se lo adjudicó sin pagarles y como dándoles una limosna les ha dejado que sigan usando la propiedad durante 30 años prorrogables ahora otros 30. Ya pagaron en su dia. Y en 30 años ya ni podran usarlo.
O sea pueden usar trozos de costa que es de todos con fines privados e incluso lucrativos, sin que tener que pagar un duro. Vaya país. Por un lado denunciais a los millonarios de cala conta, y por otro hay unos 500 propiedades o ocupaciones ilegales (legales, tapandose los ojos, claro)