El detenido, junto a la intérprete, ante el tribunal.

JOSE JAVIER MONERRI Un viaje a Eivissa para traer por encargo 1.042 pastillas de éxtasis, a cambio de una buena semana de vacaciones en la isla, después de ser víctima de la trama de un traficante que quiso descargar responsabilidades o bien todo lo contrario: un narco que cayó en una trampa bien urdida por la Guardia Civil tras detener en la isla a un hombre al que éste suministraba.

FOTO: VICENÇ FENOLLOSA

Este el caso de Constantin J.N.S., un joven holandés que fue detenido el pasado por la Benemérita nada más llegar al aeropuerto con un reloj de juguete en su equipaje repleto de pastillas.

El fiscal mantuvo ayer en su juicio la petición para que sea condenado a once años de cárcel al entender que la Guardia Civil hizo un trabajo impecable tras aprovechar las pistas que le ofreció un detenido norteamericano que intentaba conseguir con su colaboración una rebaja de la pena. La defensa, por contra, argumentó que no se le puede culpar de nada por la existencia de lo que calificó como delito provocado.

Andrew S.K., la otra persona implicada en estos hechos y que también fue juzgada ayer, obtuvo una sentencia de conformidad de cuatro años y medio frente a los once años que se pedían por su causa al principio del proceso.

La Guardia Civil tiró del hilo tras encontrarle cerca de 500 comprimidos de éxtasis. Su abogado, en su causa, destacó que tras ser detenido colaboró hasta en el registro domiciliario al que le sometió la Benemérita y que luego dio más datos que permitieron interceptar el alijo que le fue intervenido al holandés.

El sospechoso aseguró que las pastillas las había comprado a un conocido suyo tras visitarle en Holanda y afirmó que esta persona tenía previsto llegar ese mismo verano a la isla.

La Guardia Civil, ante ello, vio la oportunidad de interceptar un nuevo alijo. Por ello le pidió a Andrew S.K., durante su estancia en el cuartel como detenido, que le llamara por teléfono para enterarse del día que iba a venir a la isla. Para esto se le dejó que tuviera su teléfono móvil después de pedir permiso a la juez que instruía su caso.

En el modo en que se llevó a cabo esta actuación es donde discreparon el ministerio público y la defensa.