Tres personas de Sant Joan denunciaron al entonces enterrador de este municipio.

La actuación del fiscal encargado del caso revela el desacuerdo de cerrar sin más la investigación que se abrió en su día en el juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa, tal y como hizo hace pocos días su actual responsable, la juez Ofelia Nache. La juez decretó el archivo libre de las actuaciones al entender que ni siquiera se investigaban hechos que podrían constituir materia delictiva.

Esta fue su decisión después de que la Policía Judicial de la Guardia Civil investigara tres denuncias contra el ex sepulturero del municipio de Sant Joan, Martín M.M., y procediera a su detención tras hallarse claros indicios de restos exhumados de manera irregular y de presuntas ventas de urnas funerarias que eran vaciadas para albergar nuevos restos. El fiscal, tras el auto de archivo, decidió estudiar esta actuación y ahora ha presentado un recurso con el que se pretende que se reabra el caso con el fin de ahondar en las posibles responsabilidades que se podrían derivar de confirmarse los resultados de la investigación llevada a cabo por la Benemérita.

Estos indicios pueden motivar la continuación de un proceso por la comisión de un presunto delito si finalmente se reabre la causa y se concretan los indicios ya hallado para sustentar una acusación contra el ex entregador de acuerdo con el artículo 526 del Código Penal. Dicho artículo recoge como delito conductas de falta de respeto a la memoria de los muertos y la violación y alteraciones de las urnas funerarias, entre otros aspectos de su contenido.

La investigación de la Guardia Civil halló indicios de que el sospechoso, detenido formalmente y puesto en libertad tras la conclusión del atestado, no sólo sobre la pérdida de restos que iban a los osarios comunes sino también sobre la presunta venta de las urnas que los contenían, comercio del que, sin embargo, no se obtenían grandes beneficios económicos.