Los hechos se juzgaron ayer por la mañana en el Juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa. | Marco Torres

El 9 de julio de 2008 A.R.Y. llegó a un acuerdo con O.V. para comprar un tractor por 3.000 euros y traerlo a Eivissa de forma gratuita. Sin embargo, nunca llegó a ver el vehículo por el que había pagado y ahora, el Ministerio Fiscal pide para el vendedor dos años de prisión por un delito de estafa.

Según declararon los testigos de la acusación, tras escoger el tractor deseado mediante fotografías, el acuerdo se cerró en casa del cuñado del denunciante por una cantidad de 3.000 euros. A partir de entonces, y después de que se hiciera efectivo el ingreso, todo comenzó a torcerse. «Estuvimos una semana sin saber nada de O.V. y luego cuando por fin hablamos con él por teléfono nos dijo que aunque todo se había retrasado un poco todo iba bien», explicó ante la magistrada Martina Rodríguez la hermana de A.R.Y. y encargada de hacer efectiva la transferencia bancaria con la cantidad acordada.

«Sin animo de estafa»

Esta fue la última conversación que tuvieron con él. Aunque el tractor no apareció jamás por Eivissa, O.V., que no se presentó a la vista oral que se celebró ayer en el Juzgado de lo Penal número 2, alegó en su primera declaración que en su actuación no había ningún ánimo de estafa.

Según su abogado defensor, «el tractor sí se compró en Barcelona, como demuestra que se encuentra inmovilizado en Catalunya», pero cuando lo iba a embarcar rumbo a Eivissa comprobó que los portes eran mucho mayores que los planeados. «No supo qué hacer y además había perdido su teléfono móvil para podérselo contar a la persona con la que había llegado a un acuerdo».

Sin embargo, un estudio de sus cuentas revela que O.V. no devolvió nunca los 3.000 euros que le ingresaron en su cuenta y que, incluso, se los fue gastando poco a poco. «El acusado nunca tuvo la intención de comprar el tractor y sí de conseguir de forma ilícita una ganancia económica, como demuestra que fue sacando poco a poco el dinero que le habían pagado para la transacción para consumirlo en pequeños gastos, sobre todo en estaciones de servicio», aseguró en sus conclusiones el Ministerio Público.