Tras escuchar a los cuatro acusados, a los testigos y a los peritos, el representante del ministerio público, Mario López, mantuvo su petición de tres años de cárcel y multa de 72.000 euros para el exconseller de Patromoni Joan Marí Tur, ‘Botja’; su director general, Antonio Arabí Serra; el propietario de la constructora MAB, Matías Arrom Bibiloni; y el ingeniero jefe de las obras; Sancho Álvarez, todos ellos acusados por sendos presuntos delitos contra el patrimonio derivados de los daños arqueológicos causados durante las obras del segundo cinturón de ronda, que comenzaron en 2004. Además, a ‘Botja’ y a Arabí se les acusa de prevaricación, por lo que el fiscal pide que sean inhabilitados para cargo público por un periodo de diez años. La acusación particular, es decir, el GEN, que fue quien denunció el caso, se adhirió a las conclusiones del ministerio público.
«Dilaciones indebidas»
Por su parte, los cuatro abogados defensores reclamaron la libre absolución de sus clientes, pero, en el caso del letrado de Matías Arrom Bibiloni, añadió que en el caso que la juzgadora, es decir, la magistrada Martina Rodríguez, titular del Juzgado de lo Penal número 2 de Eivissa, dictara una sentencia condenatoria, pidió que se tenga en cuenta el atenuante de dilaciones indebidas, por lo que, en su caso, Arrom Bibiloni sería condenado a seis meses de prisión. Pero además, este mismo letrado, José Zaforteza, que fue el primero de las defensas en presentar su alegato final ante la juez, manifestó que, en cualquier caso, el delito contra el patrimonio por el que se acusa a sus dos representados, Arrom Bibiloni y Sancho Álvarez, habría prescrito según el código penal anterior, que era el preceptivo cuando se produjeron los hechos denunciados.
Los abogados de ‘Botja’ y Arabí, Rafael Perera y Ascensión Joaniquet, respectivamente, también se adhirieron a la consideración de Zaforteza para que la juez tuviera en cuenta que, a su entender y según el código penal anterior, el delito por el se les acusa habría prescrito.
Los arqueólogos
Según la acusación pública, entre noviembre de 2004 y mayo de 2006 fueron destruidos total o parcialmente una cisterna púnico-romana, un edificio púnico, es Camí Vell de Puig d’en Valls, una ‘sitja’ de época antigua, una necrópolis romana con 22 tumbas de entre los siglos I antes de Cristo y IV después de Cristo, 20 metros de acueducto romano de 2.000 años de antigüedad, otra ‘sitja’, esta con abundante cerámica, restos de una vila púnico romana y una mina de agua.
Ayer, entre los testigos que faltaban por declarar, lo hizo el encargado de obra, Antonio Comas, que insistió en que los arqueólogos de Posidonia no estaban junto a las máquinas cuando estas trabajaban, mientras que los arqueólogos señalaron que si no estaban era porque no les avisaban.
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