El juez investiga a Lurdes Costa y Alejandro Marí por la edificación de 22 viviendas en Can Misses

El juez José Espinosa ha admitido a trámite la denuncia de este particular, ha dictado una providencia en la que reclama al Ayuntamiento de Eivissa información al respecto y rechaza «por el momento acordar la medida cautelar solicitada por el denunciante» de paralizar las obras. En la denuncia se apela al artículo 259 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal, que obliga a poner «inmediatamente en conocimiento del juez de instrucción» la comisión de cualquier delito público. En su providencia, el juez califica el posible delito denunciado como un delito contra la ordenación del territorio.

Esta denuncia se refiere a una parcela cuya actual propietaria es la empresa Taylor Woodrow de España SAU y cuyo uso era comercial según el Plan Parcial de Ordenación de 1976. En el año 2007, según se apunta en la denuncia que ahora se investiga en Instrucción 2 y en virtud del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) de Eivissa pasó a tener la calificación de equipamiento.

La denuncia asegura que el empresario denunciado era en 2007 propietario de más de la mitad de la parcela en cuestión y que, en agosto de ese año, solicitó al Ayuntamiento de Eivissa la calificación urbanística del terreno.

El denunciante explica que en ese momento «los servicios técnicos municipales emitieron en fecha 23 de agosto de 2007 el informe solicitado y obviaron la calificación de equipamiento. Posteriormente, siempre según la denuncia, el 29 de septiembre de 2007, la parcela «aparece en el expediente de obra mayor 24/2014 del Ayuntamiento de Eivissa por el que se concede licencia para la construcción en esa parcela de 22 pisos, trasteros y aparcamiento».

«Pocos días después de haber conseguido la calificación urbanística, [el empresario denunciado] actuando en este caso como apoderado de otros propietarios y como legal representante [de una empresa mercantil] vendió sus participaciones en el solar a Taylor Woodrow de España SAU, que pasó a ser propietaria del cien por cien de dichas participaciones», precisa la denuncia.

Esta empresa solicitó el 17 de enero de 2008 licencia para la construcción de dos edificios separados de 12 y 11 viviendas, una licencia que según el denunciante fue otorgada por Lurdes Costa Torres, alcaldesa de Eivissa. Como los edificios no se construyeron en el plazo previsto, Taylor Woodrow de España SAU, pidió en fecha 6 de junio de 2013 una nueva licencia sobre el mismo solar, «ahora para la construcción de un edificio de 22 viviendas con trasteros y aparcamiento (...) que fue otorgada por Alejandro Marí Ferrer, concejal de Urbanismo.

En la denuncia, que pide la suspensión cautelar de las obras, actualmente en ejecución, se afirma que en este caso existe una «conversión ilegítima e ilegal de una parcela destinada a equipamientos en residencial» y apunta directamente a una actividad delictiva: «La construcción de un conjunto residencial cuya licencia se ha otorgado por los denunciados a sabiendas de su injusticia, vulnerando todo ello lo establecido previamente en el ordenamiento urbanístico».

Preguntada al respecto, Lurdes Costa dijo que desconocía por completo la denuncia y el asunto que trata, mientras que Alejandro Marí no respondió al teléfono.