La Fiscalía considera que los dos guardias civiles acusados de torturas y lesiones por agredir a un detenido en el cuartel de Sant Antoni (Eivissa) merecen una «condena severa», por lo que al término del juicio en la Audiencia de Palma pidió sendas penas de 5 años y medio de prisión.

La fiscal del caso ha sostenido en sus conclusiones finales que, pese a que niegan haber tocado a la víctima y se señalan mutuamente como responsables de la agresión, ambos participaron en la paliza al detenido junto con otros agentes, entre ellos algunos de los que han declarado para acusar a uno de los procesados y exculpar al otro.

«Todos los agentes que han depuesto tenían el objetivo claro de proteger a su compañero» J.R.R.G y «de perjudicar al otro acusado», V.B.G., incidió la representante del ministerio público, que agregó que si pudiera también acusaría a esos testigos.

Los cuatro agentes que declararon ayer, igual que otros que testificaron en la primera jornada del juicio el pasado día 2, señalaron a V.B.G. como autor de la agresión y situaron a J.R.R.G. lejos de los calabozos en que sucedieron los hechos, pero cuando dio su versión, la víctima identificó sin dudarlo a ese segundo acusado como el que le pateó la boca.

En estos relatos completamente contradictorios se han basado los abogados defensores de los guardias juzgados para sostener que resulta imposible, como ha hecho la Fiscalía, mantener la acusación contra los dos.

El letrado de J.R.R.G. subrayó que el testimonio de la víctima no tiene peso por sí solo para condenar a su cliente porque trataba de protegerse de la imputación de atentado contra la autoridad por resistirse a su detención, mientras que el defensor de V.B.G. destacó que no hay declaraciones solventes contra su defendido y que los relatos en su contra están concertados.

Trece años y medio

La acusación particular, que solo se dirige contra el guardia civil identificado por la víctima, reclama la misma condena por torturas y lesiones de la Fiscalía y le agrega las acusaciones de detención ilegal y falsedad en documento oficial, por lo que formuló una petición total de condena de 13 años y medio.