La Guardia Civil ha informado este jueves de que los 19 detenidos en la «Operación Aborto», en la que hay un total de 42 personas implicadas, defraudaron 275.000 euros a compañías aseguradoras provocando diez accidentes de tráfico en los que afirmaban que las conductoras, embarazadas, habían abortado.

La Comandancia de la Guardia Civil en Almería ha concretado que la operación se inició en septiembre, cuando el Servicio Andaluz de Salud denunció «coincidencias en dos accidentes de circulación», a raíz de los cuales dos embarazadas abortaron y una misma mujer dijo haber sufrido lesiones en ambos siniestros, «por lo que se levantaron las sospechas de que pudiera tratarse de una estafa».

Desde este momento los agentes han recopilado información sobre la implicación de los detenidos en hasta diez accidentes de circulación «con el resultado de nueve abortos, además de una variedad de lesiones en el resto de los ocupantes de los vehículos implicados en el siniestro».

Los componentes de la red desempeñaban diferentes roles dentro de la organización, de forma que cuando una de ellas se encontraba en las primeras semanas de gestación, «planificaban un accidente de circulación» en el casco urbano de Almería.

La embarazada previamente ingería sustancias que le provocaban la pérdida del embrión «en pocas horas» y a continuación grupos de tres a cinco personas circulaban con los vehículos hasta llegar a un punto acordado donde se producía una colisión de carácter leve.

De este modo provocaban un accidente en el que «todos los ocupantes sufrían lesiones de diversa consideración, necesitando en más de una ocasión la participación de los servicios de urgencias del Servicio Andaluz de Salud».

La operación, que continúa abierta, se ha saldado hasta el momento con la detención de 19 personas del total de las 42 implicadas en la trama, a quienes se les imputa la comisión de los delitos de pertenencia a grupo criminal, aborto, estafa y lesiones.

El Juzgado de Instrucción número 6 de Almería acordó ayer la puesta en libertad con cargos de 17 de los detenidos, a los que impuso la obligación de comparecer ante la autoridad judicial los días 1 y 15 de cada mes, retirando asimismo el pasaporte a los que tienen nacionalidad extranjera.