La Fiscalía ha pedido una pena de ocho años de inhabilitación especial para empleo o cargo público para el ex alcalde de Sant Josep, José Serra Escandell, por dos presuntos delitos de prevaricación, previstos y penados en el artículo 404 del Código Penal por su actuación en el caso de la Carpintería Huedo y Alba. Este artículo castiga a las autoridades que hayan dictado resoluciones arbitrarias en asuntos administrativos. También se pide la declaración de nulidad de la legalización del edificio y su demolición. Las peticiones de indemnización que pudieran generarse irían a cargo del acusado.

En su escrito de acusación, el fiscal asegura que el ex alcalde incumplió varias sentencias y por lo menos cuatro normativas. Los hechos se remontan a 1991, cuando el Ayuntamiento inició un expediente sancionador contra el dueño de la carpintería por realizar obras ilegales. En ese momento, el Consistorio le instaba a demoler tales trabajos, que no eran legalizables, según informe del aparejador municipal.

Actividad

La entidad Huedo y Alba llevaba a cabo una actividad de taller de carpintería y de venta de muebles, para lo cual había pedido una licencia de apertura en 1991. En julio de 1993 el Ayuntamiento le denegó este permiso, ya que no se ajustaba a la legalidad urbanística. También se acordó el cese inmediato de la actividad por carecer de licencia. Fue entonces cuando la empresa recurrió por vía contencioso-administrativa sin éxito. En ambos casos las sentencias, tanto por el tema urbanístico, como por el de la licencia de apertura, fueron confirmadas por el Tribunal Supremo.

Desde Fiscalía resaltan que estas resoluciones judiciales fueron notificadas al Ayuntamiento. No obstante, la entidad Huedo y Alba continuó durante años «con la explotación de la edificación ilegal con un uso que no estaba permitido». Además, se destaca que desde el Consistorio existía constancia de que la explotación estaba causando problemas relacionados con ruidos, que molestaban al vecindario y por los cuales se habían quejado en repetidas ocasiones al alcalde. Según Fiscalía, el primer edil sabía que tenía que continuar o iniciar el expediente urbanístico y detener y sancionar una actividad que se estaba ejerciendo sin licencia. Sin embargo, Serra Escandell «toleró» su continuación «de una forma caprichosa e irrazonada, por motivos desconocidos y que constrastaban con la firme actuación de cumplimiento de la legalidad llevada a cabo hasta entonces».

Finalmente, la carpintería consiguió que el edificio se legalizara al comprar un terreno adyacente en 2001. El alcalde permitió esta licencia pese a que el Reglamento de Servicios de las Entidades Locales no deja otorgar permiso de obras sin el de apertura. Además, Fiscalía recuerda que la edificación que se legalizaba debería estar demolida hace tiempo. Destaca también que Serra Escandell estaba «firmemente dispuesto» a que la carpintería consiguiera todas las licencias, ya que en 2003 continúa el expediente para conseguir licencia de apertura.