El concejal de Urbanisme de Sant Josep, Josep Antoni Prats, pidió ayer que se solucione lo antes posible el problema de los urbanizables de Cala Tarida y Platja d'en Bossa, en situación irregular después de que una sentencia ditaminara que amplias extensiones construidas de estas dos zonas costeras son suelo rústico. Prats indicó que es «urgente» arreglar esta cuestión porque ahora mismo están en proceso de revisión de las Normas Subsidiarias de Sant Josep y del Plan Territorial Insular (PTI) y se tiene que poder calificar ese suelo de alguna manera.
El problema ahora mismo es la discusión abierta entre Eivissa pel Canvi y el PSOE por este tema, ya que mientras los socialistas quieren recalificar el suelo a urbano mediante una enmienda a la ley de sa Coma en el Parlament, ExC no quiere que se recalifique y sólo pide que se reconozca que los edificios construidos existen para que puedan hacer reformas y mantenerse. Eso sí, sin que se se puedan ampliar ni se pueda urbanizar más la zona.
Afectados
Desde el Ayuntamiento de Sant Josep reclaman que se aclare esta cuestión porque ellos tienen que calificar el suelo y, si no se deja claro en la ley, son ellos los que se pueden enfrentar a responsabilidades. «Está todo pendiente del Consell y del Parlament, la solución es un acuerdo político», indicó Prats, que pertenece a ExC pero está a favor de la recalificación a urbano de estas zonas, igual que el resto de su formación en Sant Josep.
El concejal asegura que hay mucha gente que tiene propiedades en las zonas afectadas que han mostrado su preocupación por esta situación.
Negociaciones complicadas
El PSOE propuso en su última reunión con Eivissa pel Canvi que el tema de los urbanizables se incluyera como enmienda en la ley de sa Coma que se tramitará próximamente en el Parlament. También quieren que se incluya un artículo para que los agroturismos puedan hacer ampliaciones, algo que se impidió con el 'Decreto Nadal' aprobado por los progresistas hace unos meses. Asimismo, quieren que se reconozcan los núcleos rurales (conjuntos de casas en suelo rústico) y que se legalicen las casas ilegales en suelo rústico que ya no se pueden derribar porque la infracción ha prescrito. Algunos de estos puntos se han estado negociando por parte del presidente del Consell, Xico Tarrés, con los alcaldes del PP, que piden que se dé una solución para todos estos problemas urbanísticos.
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