Los fiscales Pedro Horrach y Miguel Àngel Subirans, ayer tarde, tras un receso durante su visita al centro sanitario donde se encuentra Ferré | Marco Torres

Los dos fiscales Anticorrupción que se han desplazado a Eivissa con motivo de la Operación Trueno, Miguel Àngel Subirans y Pedro Horrach, conjuntamente con agentes de policía, se trasladaron ayer al centro sanitario donde se encuentra ingresado el empresario Fernando Ferré Cardó, de 66 años, para tomarle declaración. Los registros en la sede del Grupo Playa Sol (GPS) continuaron durante la jornada.

Fernando Ferré Garnacho, hijo del anterior y también detenido en la investigación por fraude fiscal, blanqueo de dinero y falsedad documental, quedó en libertad provisional al concluir la mañana. Éste, cuya declaración también se recogerá en el atestado que la policía entregará en el juzgado, queda ahora a disposición del juez Santiago Pinsach y deberá comparecer ante su presencia cuando el magistrado lo ordene. Los indicios apuntan a que su padre presuntamente utilizó su firma y su identidad, supuestamente con su consentimiento, para los negocios de GPS.

El juez Pinsach deberá hoy pronunciarse sobre la situación de Ferré Cardó, custodiado en su habitación por dos funcionarios de policía desde que horas después de su detención pidiera el ingreso sanitario, al cumplirse la 72 horas de su arresto.

El magistrado se encuentra hoy a la espera de que se le entregue el atestado pero tiene varias opciones con respecto al empresario hotelero. Si los facultativos no consideran que éste puede recibir el alta médica, puede verse obligado a prorrogar su detención o bien acudir él mismo a la clínica al frente de una comisión judicial para tomarle declaración a Fernando Ferré, a quien Anticorrupción le atribuye un fraude a Hacienda que puede rondar entre los 15 y los 30 millones de euros, utilizó la misma artimaña de la 'autohospitalización' para evitar su estancia en los calabozos con motivo de la redada que sufrieron dos de sus hoteles en febrero de 2006 y por la que hace poco fue condenado a dos años de cárcel.

La Operación Trueno se precipitó el pasado viernes cuando se recogieron indicios de que los sospechosos podían estar deshaciéndose de la documentación más comprometedora, alguna de ella localizada en la basura. La policía espera concluir los flecos del registro en la sede de GPS, en es Gorg de Vila.