Los registros se iniciaron el pasado viernes en las oficinas del Grupo Playa y Sol.

La Agencia Tributaria, en colaboración con Policía Nacional, Inspección de Trabajo y la Fiscalía Anticorrupción, informó ayer que la trama de fraude fiscal desarticulada en la isla y vinculada al empresario Fernando Ferré con establecimientos en Eivissa, Mallorca y Praga utilizaba más de 300 sociedades diferentes, que cambiaban constantemente de domicilio, para no ingresar las cuotas al Impuesto de Sociedades ni al IVA.

Según concretó el Ministerio de Economía y Hacienda en un comunicado, el grupo adquirió en los últimos diez años cuarenta establecimientos hoteleros con un valor de mercado de cerca de mil millones y el posible fraude a Hacienda superaría los 14 millones de euros.

El principal responsable del fraude es el administrador del grupo Playa Sol, Fernando Ferré, contra quien el titular del Juzgado de Instrucción número 4 de Eivissa dictó el martes auto de prisión provisional sin fianza, a petición de la Fiscalía Anticorrupción.

A Ferré se le imputan los presuntos delitos de fraude fiscal, fraude a la Seguridad Social y delito contra los derechos de los trabajadores por haber sometido a sus empleados a condiciones laborales ilegales. El fraude se realizó dentro de «un importante conglomerado hotelero» que gestiona más de 70 hoteles en Eivissa, Mallorca y Praga, que explota más de 10.000 camas, precisó la nota.

Volumen de negocios

Este grupo tenía un volumen de negocios, según los touroperadores, cercano a los 36 millones de euros anuales. Sin embargo, no ingresó cuota alguna correspondiente al Impuesto de Sociedades ni al IVA.

Para eludir la tributación usaban más de 300 sociedades diferentes, a las que cambiaban constantemente el domicilio, dificultando adjudicar el beneficio empresarial a cualquier sociedad. Hacienda calcula que las cuotas defraudadas superarían los 7.500.000 para el Impuesto de Sociedades y 7.000.000 para el IVA.

Paralelamente a la explotación de los hoteles, entre 2001 y 2010 el grupo de sociedades adquirió 40 hoteles con un valor de mercado cercano a los mil millones de euros. Para esta adquisición se constituyó un alto número de sociedades participadas por otras sociedades andorranas, que aportaron elevadas sumas de divisas para la financiación, dándose así un posible delito de blanqueo de capitales o autoblanqueo.

Delito contra trabajadores

Además, el Ministerio detalla que Inspección de Trabajo ha detectado múltiples delitos a gran escala contra los trabajadores y fraude en las cuotas de la Seguridad Social, ya que el grupo constituyó varias empresas de trabajo temporal en la República Checa para contratar trabajadores de nacionalidad rumana, que trabajaban de manera irregular en los hoteles.

La operación Trueno tiene su origen en un informe de denuncia de la Agencia Tributaria, presentado a la Fiscalía Anticorrupción en Madrid. Por su parte, la Inspección de Trabajo comunicó a la Fiscalía de Eivissa la posible comisión de delitos de tráfico ilegal de mano de obra y de fraude a la Seguridad Social.

En la operación, realizada el último fin de semana de mayo de 2010, han participado 26 funcionarios de la Agencia Tributaria, siete inspectores de Trabajo, dos fiscales anticorrupción, la Fiscalía de Ibiza y la Brigada de Delitos Económicos de la Policía Judicial de Balears.

Recursos contra el auto de prisión y la fianza

El abogado del empresario Fernando Ferré, Gabriel Garcías, informó ayer a este periódico que recurrirá tanto el auto de prisión como la fianza interpuesta de 80 millones de euros en concepto de responsabilidad civil.

Garcías explicó que interpondrá dos recursos de reforma ante el mismo juzgado y de forma subisidiaria de apelación ante la Audiencia, al defender que debido a la edad y al estado de salud de su patrocinado no existe riesgo de que pueda sustraerse de la acción de la justicia.

Mientras tanto, explicó que en el recurso de la fianza civil pedirá, debido a que no podrá hacer frente a la caución, que no se le embarguen todos sus bienes sino únicamente el patrimonio que cubra el valor del fraude presuntamente cometido, valorado en 14 millones de euros.

Gabriel Garcías aseguró ayer a última hora de la tarde que desconocía si su cliente había salido ya de la clínica donde se encuentra hospitalizado desde el pasado sábado, cuando procedieron a su detención, así como de la parte del sumario que ayer se levantó. A partir de ahora, el juez completará las diligencias con citaciones de imputados y nuevos testigos.