El temor a una multa de hasta 300.000 euros provocó en los últimos dos años que las fiestas privadas multitudinarias en casas de campo casi se extinguieran en el municipio de Sant Antoni.
Sin embargo, en todo este tiempo, a pesar de los anuncios por parte de la Dirección Insular de Gobierno y del propio Consistorio, no había una herramienta legal efectiva para aplicar semejante sanción. Aún así, los propietarios procuraron que ni ellos ni sus inquilinos tiraran la casa por la ventana como hacían antaño, con potentes equipos de música y decenas de coches en la puerta. Y las fiestas que resistieron, que fueron sólo siete este verano, no tendrán que pagar ni un solo euro de sanción.
Aunque hasta ahora todo fue un efecto disuasorio, a partir de este año, con la nueva ordenanza de ruidos del Ayuntamiento de Sant Antoni vigente, todo se puede transformar en una desagradable y muy cara realidad: ahora sí que la multa puede llegar hasta los 300.000 euros, sobre todo si la fiesta tiene lugar en una casa ubicada en terreno rústico o protegido.
«No fue un engaño»
El concejal de Gobernación y Turismo, José Ramón Serra Pilot, aseguró que el hecho de anunciar las cuantiosas multas a los propietarios sin poder aplicarlas, «no fue un engaño». Según explicó, si se hubieran hecho sonometrías o se hubiera podido demostrar que se cobraba entrada, se podrían haber multado en base a la Ley 16/2006 de régimen jurídico de licencias integradas de actividad de les Illes Balears y a la Ley de Ruidos de Balears. Sin embargo, reconoció que cuando se producen estas denuncias, a altas horas de la madrugada, no es posible organizar una sonometría. «Nos hemos encontrado que con estas fiestas que no se cobraba entrada ni se hizo sonometría, por lo que lo teníamos verdaderamente difícil para sancionarlas. Ahora, con esta ordenanza, será fácil atajar estos problemas. Pero hay que reconocer que con el miedo a las sanciones prácticamente hemos terminado con las fiestas, ningún propietario ha reincidido y, en casi todos los casos, cuando llegó la Policía Local, la fiesta se paró inmediatamente», indicó el concejal.
La presentación
El anuncio de las cuantiosas multas lo realizó en mayo de 2008 la delegada de Gobierno, Sofía Hernanz, desde el Ayuntamiento de Sant Antoni. En aquella rueda de prensa, Hernanz dijo que las multas podían llegar a los 600.000 euros, aunque ya los servicios jurídicos de la casa indicaban no veían muy claro la aplicación de tales sanciones.
Sin embargo, los propios servicios jurídicos del Ayuntamiento alertan que ahora sí podrán «sancionarse este tipo de fiestas con la recién aprobada ordenanza de ruidos de Sant Antoni, que prevé multas en el supuesto de que se produzcan molestias debido a la actividad musical».