La portavoz del Consell Executiu, Patricia Abascal, resaltó ayer que la máxima institución apoya la reivindicación del Ayuntamiento de Vila para formar parte del Consejo de Administración de Autoritat Portuària de Balears (APB): «Es una situación un poco complicada pero es una ley que viene aprobada por el Congreso de Diputado, una ley que en su momento se acordó entre el PSOE y el PP», explicó Abascal, que indicó que, a pesar de todo, trasladará la queja del Ayuntamiento de Vila al Govern balear, «que es quien ha designado a las personas del Consejo de Administración».

En esta línea, Abascal consideró que el Ayuntamiento de Eivissa «tiene mucho que decir y, más aún, cuando se están llevando a cabo las obras del puerto». A pesar de mostrar este apoyo a la administración local, desde el Consell descartaron ceder su lugar en el órgano de debate de Autoritat Portuària «porque entendemos que el Consell d'Eivissa, como máxima institución representativa de la Isla, tiene que estar presente en un Consejo de Administración referente a los asuntos portuarios, porque afecta a toda la Isla», concluyó Patricia Abascal.

Tal y como ya apuntó el jueves la alcaldesa de Vila, Lurdes Costa, el Consejo de Administración de APB está representado por 16 miembros. De estos, tres pertenecen al Estado (uno de ellos, reservado para el Capitán Marítimo); cuatro para la Comunitat Autònoma, un representante por Consell Insular, es decir cuatro, y los cinco restantes se reservan en un 33 por ciento a las administraciones municipales y el resto a las entidades cívicas y empresariales. A pesar de esto, el Consell de Govern decidió reservar un solo puesto al Ayuntamiento de Palma y el segundo destinarlo a una entidad social.

«Puertos no puede manejarse como país independiente»

Si ya se demostró que el Ayuntamiento contaba con el apoyo de las diferentes asociaciones implicadas con la presencia durante la rueda de prensa de diferentes asociaciones, ayer lo dejaron más claro aún a este periódico. Así lo manifestó una de las integrantes de la Asociación de Comerciantes y Vecinos del Puerto, Laura Galmés, que apuntó la necesidad de que ambas instituciones estén «coordinadas»: «Las autoridades del puerto no se pueden manejar como países independientes y menos aún cuando van a hacer unas obras de esta envergadura». Cristina Marí, representante del colectivo de titulares de amarres de Marina Botach, se pronunció en el mismo sentido: «Creo que el municipio de Eivissa es tan pequeño que puerto y ciudad están en comunidad siempre». Por último, Robustiano Padrón, de la Asociación de Vecinos de la Marina, calificó la medida de «demencial» e «indignante». «El puerto y la ciudad como entes sociales son indisolubles, son cosas que van unidas». Además, Padrón recordó que Vila es el único municipio de Balears declarado Patrimonio de la Humanidad y con un recinto amurallado: «Es un gravísimo error».