La libertad de Gil cuesta 125 millones

El magistrado dictó ayer un auto en el que acuerda esta medida cautelar que explica es «la única que puede resultar disuasoria para que los imputados desistan de realizar negocios jurídicos carentes de la necesaria transparencia y para que queden garantizados los derechos de terceros». Además acuerda la comparecencia mensual de los acusados «en el juzgado de su domicilio» y señala siete días de plazo para el pago de estas fianzas, que son inferiores a las solicitadas por el fiscal que fueron de 200 millones para Gil y de 100 millones para los otros dos imputados. El juez considera que existe «un relativo, pero posible», riesgo de destrucción de pruebas y que ha quedado reducido tras la designación de un administrador judicial. «Persiste el referido riesgo y no solamente en cuanto a la posible destrucción de pruebas sino a la posibilidad de ocultación de las existentes y/o a la elaboración y confección de pruebas ficticias, peligro que debe prevenirse mediante la medida cautelar que se acuerda», indica en el auto. Añade que «existe un riesgo de reincidencia en las conductas delictivas anteriores, riesgo que ha quedado matizado mediante la administración judicial, pero que no es descartado». Recuerda que los imputados reconocieron que «una buena parte» de su gestión «se desarrollaba de manera opaca.