La primera sesión celebrada a puerta cerrada de la vista oral contra los futbolistas Santi Mina, del Celta de Vigo, y David Goldar, de la UD Ibiza, por una presunta agresión sexual en Mojácar (Almería) en junio de 2017 concluyó después de que ambos acusados hayan ofrecido una versión exculpatoria ante el tribunal argumentado que fue «una relación sexual consentida».
Santi Mina, para quien la Fiscalía interesa una pena de ocho años de prisión por los nueve años y seis meses que solicita la acusación particular, fue el primero en ser interrogado por las partes, si bien rehusó responder a las preguntas formuladas por el abogado de la denunciante.
En su declaración, que se prolongó poco más de media hora, aseguró que el relato de hechos que el Ministerio Público califica como una agresión sexual de los artículos 178 y 179 del Código Penal se enmarcan en una «relación consentida», según fuentes judiciales.
Por su parte, en su comparecencia a continuación como procesado, David Goldar, contra quien la Fiscalía no formula acusación, pero sí el abogado de la víctima al considerar que habría actuado como «cooperador necesario», sostuvo una versión exculpatoria en los mismos términos.
En la misma sesión del juicio que arrancó ayer y que el tribunal de la Sección Tercera de la Audiencia de Almería ha acordado se celebre a puerta a cerrada, declaró la denunciante, acompañada por funcionarios del Servicio de Asistencia a las Víctimas de Andalucía (SAVA) y protegida en todo momento con medios materiales como un biombo para, tal y como instó el propio Ministerio Público en su día, «evitar la confrontación física» con los acusados.
La prueba testifical se ha completado con otras dos declaraciones, realizadas por sistema de videoconferencia, ya que las partes renunciaron a una tercera que también estaba señalada.
Sigue mañana
La vista oral se reanuda mañana, en este caso en audiencia pública por decisión del tribunal que preside la magistrada Társila Martínez, con la declaración en calidad de testigos de cinco agentes de la Guardia Civil y tres detectives privados. Este día también prestarán testimonio en calidad de peritos otras tres personas.
La última jornada prevista el jueves incluye la comparecencia de otras siete personas en calidad de peritos y documental. A continuación, las partes expondrán sus informes finales y el juicio quedará visto para sentencia.
La puerta cerrada se acordó después de que, al comienzo del acto de juicio, la acusación particular reiterase la petición que ya formuló en su escrito de calificación provisional para que las tres sesiones señaladas fueran en ausencia de público y medios de comunicación.
El letrado Iván Bolaño alegó ante la sala que los hechos sometidos a juicio afectan a las «más estricta intimidad» de la víctima y resaltó que es «especialmente vulnerable dado la gran afección psicológica que padece todavía a día hoy».
En su turno, el fiscal Miguel Blasco, también en la misma línea expresada en su escrito de calificación provisional, se adhirió a la petición de la acusación particular con un escueto «nada que objetar».
La defensa de David Goldar fue la primera en intervenir. Sobre la petición de hacer las sesiones en privado, dijo: «Especialmente por lo que se va a vertir en este acto de juicio, la publicidad es una garantía para demostrar a la sociedad y a los medios de comunicación la esencia del verdadero uso del dolo penal, pero damos la razón parcialmente a la acusación particular y no nos opondríamos a que la declaración de la denunciante y la de los acusados sean a puerta cerrada, pero las demás sesiones deben ser en audiencia pública». A esta solicitud del abogado Manuel Ollé se adhirió la letrada Fátima Magdalena Rodríguez, defensa de Santi Mina.
Al margen de la pena de prisión, el fiscal interesa que se imponga a Santi Mina medida de libertad vigilada por periodo de diez años y que se le prohíba acercarse a una distancia inferior a 500 metros a la víctima o comunicarse con ella por el mismo periodo de tiempo. Por su parte, la acusación particular, que es la única que acusa a David Goldar, interesa para ambos acusados penas de nueve años y seis meses de prisión.
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