La modificación de la ley de normalización lingüística propuesta por el PI será sometida a debate de toma en consideración en el pleno de este martes, que comenzará a las 10.00 horas y que también tratará temas como el control del déficit, la modificación de la ley agraria y la construcción de nuevos centros educativos.

La presidenta del Govern, Francina Armengol, estará ausente en esta sesión plenaria por su viaje a Londres con motivo de la feria turística World Travel Market.

La propuesta de Ley que abordará el Parlament el martes pretende devolver la normativa sobre normalización lingüística a la situación anterior a la modificación introducida en 2012 y así «recuperar el pacto establecido entre todos los partidos con representación parlamentaria en 1986».

En el texto de la iniciativa, el PI señala que «la lengua catalana como lengua propia de Baleares continúa siendo una lengua que requiere del apoyo e implicación de nuestras instituciones».

De aprobarse, la proposición de ley modificaría diferentes artículos, relativos a la forma oficial de los topónimos o el idioma de las copias o certificaciones expedidas por entidades públicas, entre otros apartados.

PODEMOS: LEY AGRARIA Y ALQUILER SOCIAL

Durante el turno de preguntas de la sesión plenaria, el Grupo Parlamentario Podem Illes Balears se interesará por cuándo piensa el Govern modificar la Ley Agraria, en función de lo acordado en el pacto de gobierno.

También querrá saber a qué acuerdos está llegando el ejecutivo para conseguir que las viviendas vacías propiedad de entidades bancarias puedan ser destinadas a alquiler social.

Otros temas que abordará Podem serán el impacto medioambiental de la construcción de la autopista entre Llucmajor y Campos y las medidas para garantizar que el Palacio de Congresos «sea verdaderamente de la ciudadanía».

EL PP PREGUNTA POR LA SENTENCIA DEL TSJIB

Los 'populares' pedirán al Govern que valore la Sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Baleares que declara lesiva para el interés público la interpretación hecha en 2011 por el conseller de Vivienda y Obras Públicas del Govern de Antich, Jaume Carbonero, que supuso un sobrecoste en las autovías de Ibiza.

Asimismo, el conseller de Trabajo, Iago Negueruela, deberá explicar cuántas infracciones laborales se han detectado por sectores una vez realizadas las inspecciones, y el conseller de Medio Ambiente, Vicenç Vidal, tendrá que detallar cuántos expedientes están pendientes de los informes de su Conselleria para pedir licencias de obra nueva, puesto que así se lo requerirá el Grupo Parlamentario Popular.

Además, la consellera de Salud, Patricia Gómez, tendrá que explicar qué conceptos comprende la expresión «eliminar el copago de cualquier tipo» que consta en el pacto de gobierno.

El PP también se interesará por las novedades del Plan estratégico de Función Pública y por el retraso en el avance de las ayudas PAC.

Finalmente, el PP preguntará si se publican en la web del Govern todos los acuerdos adoptados por el Consell de Govern.

OTROS TEMAS

El PI querrá conocer la previsión de construcción de nuevos centros educativos durante la legislatura y reclamará que se impulsen cambios legales para conseguir que en Baleares, en caso de separación o divorcio matrimoniales, el principio general en relación con los hijos sea la custodia compartida.

En el Grupo Mixto, la diputada Sílvia Tur Ribas (GxF) preguntará qué actuaciones ejecutará el Govern para garantizar la igualdad de derechos de todos los deportistas de alto nivel de la comunidad en lo referente a formación y recursos económicos; mientras que la diputada Olga Ballester (C's) abordará la política de la Conselleria de Educación en relación con la contratación de asesores docentes y asesores técnicos docentes.

SEGUNDA PARTE

La segunda parte del pleno incluye una interpelación presentada por el Grupo Parlamentario Popular, relativa a control de déficit y nivel de endeudamiento, y una moción, también del PP, sobre renta básica progresiva.

En el texto de la iniciativa se insta al Govern a impulsar una ley que regule la renta social como derecho subjetivo y que incluya diferentes perfiles que se encuentran en situación de vulnerabilidad social o económica.

Esta ley estaría gestionada por los Consells Insulares y en casos excepcionales por los Ayuntamientos que tengan estructura para hacerlo.

En este caso, las administraciones que gestionen esta renta ofrecerían también apoyo social y laboral dirigido a resolver los problemas que han causado la situación de vulnerabilidad.

El pleno concluirá con el debate de toma en consideración de la Proposición de Ley presentada por el PI para modificar la ley de normalización lingüística.