El Tribunal Superior de Justicia de les Illes Balears (TSJB) ha anulado la instrucción del Govern, de julio de 2015, por la que se encomendaba al IB-Salut garantizar la asistencia sanitaria a inmigrantes sin papeles, lo que se conoce como devolución de tarjetas sanitarias pese a que técnicamente no se entregaran tarjetas sino un documento acreditativo.
Desde entonces, 8.200 personas han podido acceder sin trabas a las prestaciones del sistema público de salud en las Islas. Según la sentencia del TSJB, de la que informó la portavoz del Ejecutivo, Pilar Costa, la regulación de la asistencia sanitaria es competencia del Gobierno central y su decreto de 2011 por el que se excluía a los ‘sin papeles’ del las prestaciones es de rango superior.
Costa informó de que se presentará un recurso ante el Tribunal Supremo y que, mientras se resuelva, la sentencia no tendrá ningún efecto práctico. Además, añadió que se seguirán «dando más tarjetas» y que «la asistencia sanitaria universal seguirá estando garantizada en Balears».
El TSJB, en respuesta a un contencioso del Gobierno central, aprecia una «clara extralimitación competencial» en la instrucción del Ib-Salud impugnada, al reconocer a los extranjeros no residentes el acceso a la prestación de la totalidad de la cartera de servicios del sistema nacional de salud, algo que «choca frontalmente» con el Real Decreto Ley 16/2012 de 20 de abril que regula la condición de asegurado a los extranjeros autorizados para residir en territorio español. Según el tribunal, la defensa de la instrucción que realiza el Govern sobre la base de razones humanitarias «no puede justificar ni permitir el quebrantamiento de la legalidad, que reconoce únicamente al Estado y no a las comunidades autónomas la competencia para definir el concepto de asegurado y beneficiario del sistema nacional de salud».
Además de la extralimitación competencial, la sentencia aprecia «un claro quebrantamiento del principio de jerarquía normativa», del articulo 9.3 de la Constitución que prohíbe que las disposiciones de inferior rango contradigan las de nivel superior.
Pilar Costa, además de anunciar que se presentaría un recurso de casación, hizo un llamamiento explícito al PP para que el Gobierno de Rajoy anule el decreto de 2011. Según la portavoz, la decisión de Gobierno central tenía un claro componente ideológico que iba más allá de los recortes por la crisis.
LA NOTA
Uno de los primeros acuerdos del Ejecutivo
La ‘devolución’ de las tarjetas sanitarias retiradas por el Gobierno central fue uno de los primeros compromisos que se alcanzaron durante las negociaciones de gobierno de 2015 y se anunció en la primera reunión del nuevo Ejecutivo, igual que la renuncia a seguir luchando por el TIL en los tribunales.
2 comentarios
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Ya es suficiente de que estos politicuchos usen las prestaciones que pagamos todos LOS ESPAÑOLES, las usen para hacer política en detrimento nuestro. Cuantos inmigrantes tiene la tal Costa en su casa y les de de comer y cama, cuantos tienen los demás políticos que dan pié a esta situación esta bién ayudar a los que lo necesiten pero NUNCA en detrimento de los que pagan estos servicios como está pasando ahora y si no que se pasen por cualquier centro médico y que después digan lo que ven y no de oídas.
Pues todos estos políticos que no quieren hacer caso al tribunal superior, que lo paguen de sus bolsillos, y si lo pagan con nuestro impuestos a la cárcel con ellos. Ya esta bien de políticos que hagan lo que les de las gana y se salten las leyes como quieran.