Representantes de la coordinadora, este miércoles frente al Parlament. | Redacción Local

El Govern –o más concretamente los partidos que lo forman– tiene asumido el exceso de temporalidad en sus plantillas, que se abusa de la sucesión de contrataciones y que una directiva de la Comisión Europea (CE) considera irregular esta práctica. Pero se escuda en que hace falta una actuación estatal para su regulación.

Definir un marco que resuelva esta situación, suprimir los corsés a la contratación pública que todavía se mantienen desde la crisis económica anterior a la pandemia y acordar una respuesta unitaria fue el acuerdo que tomó este miércoles el Parlament y que recoge las propuestas del PSIB, Més y Podemos. Fue durante una larga reunión de la Comisión de Asuntos Institucionales del Parlament en la que PP, PI y Ciudadanos (Cs) habían presentado sus propias propuestas y que fueron rechazadas.

Mientras eso ocurría, un representación de la Coordinadora de interinos y temporales de les Illes Balears, se manifestaba en las puertas de la Cámara y hacía llegar sus reclamaciones a los partidos. Patricia Guasp (Cs) y Maria Antònia Sureda (PI) recogieron sus propuestas y las asumieron en sus intervenciones.

La responsabilidad del PP

Luego, igual que Juan Manuel Lafuente (PP), consideraron que lo que finalmente se aprobó no resuelve el conflicto. El PP había reclamado «medidas precisas para dotar de estabilidad a las plantillas» en un plazo máximo de 6 meses. El PI quería que, en 4 meses, se aprobara un marco que permitiera que se consolidaran las plazas ya existentes y que se prohíba ocuparlas de manera temporal. Cs reclamaba lo mismo pero en un plazo de medio año.

Los partidos del Govern rechazaron que se hubieran cruzado de brazos e insistieron en que tras el aumento de la temporalidad estaban los recortes de la gestión del PP y que, desde 2016, se han consolidado 2.300 plazas.