Los dos principales responsables de la Autoritat Portuària de Balears (APB) durante la adjudicación de amarres en Maó niegan cualquier irregularidad y afirman que se ciñeron a los criterios técnicos. Tanto el expresident, Joan Gual de Torrella, como el exdirector de la entidad, Juan Carlos Plaza, comparecieron ante la magistrada que investiga el caso, Martina Mora, por primera vez. En más de siete horas de interrogatorios achacaron las discrepancias en el consejo de administración a choques personales entre la directora de la Abogacía, Dolores Ripoll y el abogado del Estado Enrique Braquehais.
Gual fue interrogado por la magistrada por dos documentos en los que alude a reuniones con la presidenta del Govern, Francina Armengol. Admitió las reuniones pero negó ninguna instrucción en ellas en torno a contratos. Sólo señaló que la presidenta se interesó de forma general por la marcha del concurso. También indicó que le comentó que existía una investigación de la Guardia Civil porque lo sabía por terceras personas y que comentó con ella que se sentía coaccionado por una empresa en torno al puerto de Eivissa.
En su declaración, Gual negó presiones políticas para dirigir hacia empresarios menorquines la adjudicación, si bien sí manifestó que tanto el alcalde de Maó, Héctor Pons, como el exconseller Marc Pons intentaron mediar al inicio con los empresarios. Señaló que lo que pretendían estos era que se llevara a cabo una adjudicación directa y no un concurso abierto de nuevo. A partir de esa mediación se produjo en 2018 una reunión en el
Ajuntament de Maó
En su comparecencia como investigado aludió a su relación con el empresario Justo Saura, que lideró más tarde la unión de empresas que después resultó adjudicataria del concurso. Manifestó que siempre discutía con Justo Saura porque este no quería que hubiera concurso. Insistió en que este se llevó a cabo y que él no tenía capacidad para obligar a los técnicos a detener ese procedimiento.
Instrucciones
Tanto Gual como Plaza negaron haber dado instrucciones al resto de los directivos y técnicos de la APB sobre las condiciones que tenía que tener el concurso de los amarres de Maó y señalan que fueron ellos quienes fijaron los pliegos. También aseguraron que no intervinieron en el proceso de valoración de las ofertas. Sobre los dos consejos de administración tensos en los que se aprobó la adjudicación, indicó que fue él quien propuso que compareciera Ripoll para explicar los criterios por los que se había adjudicado.
La jefa de la Abogacía del Estado en Balears tenía que haber declarado ayer aunque su comparecencia se ha retrasado para el día de hoy dada la extensión de las declaraciones previas. El peso de los interrogatorios ha sido llevado por la magistrada, que ha repasado todos los documentos incautados, correo por correo y mensajes de WhatsApp uno a uno.
Las declaraciones continúan hoy. Además de Ripoll están citados los principales directivos de la APB que intervinieron en el concurso: el exjefe de área de gestión, Fernando Berenguer; el jefe de explotación, Armando Parada, y el delegado en Menorca, Vicente Fullana. El miércoles intervendrán los empresarios de Menorca.
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