Una imagen de la pasada manifestación del 8-M en Ibiza. | Daniel Espinosa

Los tribunales de Balears condenaron el año pasado a 1.902 hombres por violencia de género. El número de denuncias de mujeres sufrió un notable repunte en 2021, según los datos del Observatorio de Violencia del Consejo General del Poder Judicial: fueron 6.363, un 8,5 por ciento más que durante 2020. Con este repunte, las Islas consolidan su posición histórica como comunidad autónoma con una tasa más alta de denuncias por número de víctimas de violencia de género. Por cada 10.000 mujeres que viven en Balears, a lo largo del año pasado 103 fueron víctimas de sus parejas o exparejas. La cifra está muy por encima de cualquier otra comunidad autónoma. La siguiente con más víctimas, que es Murcia, tiene 88 y la media nacional se queda en 66.

Los juzgados especializados en Violencia sobre la Mujer de Balears acordaron un total de 647 órdenes de protección de las 863 que fueron solicitadas.

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De todas las denuncias recibidas un 45,3 por ciento terminaron en archivo. En ese grupo se encuentra el diez por ciento de asuntos en los que la víctima se acogió a la dispensa de declarar en contra de su pareja o expareja, lo que provoca casi siempre el cierre de la investigación. El resto de asuntos terminaron en juicio y ahí el porcentaje de condenas es abrumador, aunque también lo son las conformidades: los casos en que los acusados reconocen los delitos, generalmente con una importante rebaja de su condena. En los juzgados de Violencia, el número de condenas se eleva a un 94 por ciento y en los penales es de un 73. Sin embargo, en esta instancia, los acuerdos son mayoritarios y el 76,3% de las sentencias condenatorias llegaron después de un pacto entre acusaciones y defensa.

La presidenta del Observatorio contra la Violencia Doméstica y de Género, Ángeles Carmona, asegura que los datos correspondientes a 2021 y a su cuarto trimestre ponen de manifiesto la mayor protección de la que gozan los hijos de las víctimas tras la entrada en vigor, el pasado año, de la Ley Orgánica de protección integral a la infancia y la adolescencia.