La presidenta del Consell, Catalina Cladera, y la consellera d’Hisenda, Rosario Sánchez, son compañeras en lo político y en lo profesional ya que ambas son auditoras en la Sindicatura de Comptes. El PP cree que hubo un intento de beneficiarse que se abortó ante las quejas de los interventores. | Jaume Morey

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El PP ha presentado una batería de preguntas para averiguar por qué el Govern intentó equiparar el cargo de auditor de la Sindicatura de Comptes al de interventor, una medida que beneficiaría la consellera d’Hisenda, Rosario Sánchez, que tiene una plaza de auditora. Esta equiparación figura en el decreto ley con medidas para combatir la interinidad en la Administración, que aprobó el Consell de Govern y que se publicó en el BOIB del día 17 de junio.

El texto decía de manera textual: «El personal funcionario de la escala de intervención que procede del cuerpo superior, así como el personal funcionario del cuerpo de auditores de la Sindicatura de Comptes de las Illes Balears, se integra en el cuerpo de intervención y auditoría de la Comunitat Autònoma de las Illes Balears».

El decreto ley está firmado por la consellera d’Hisenda, Rosario Sánchez, a quien afecta directamente esta medida, además de los consellers Mercedes Garrido, Mae de la Concha, Josep Marí y la propia presidenta del Govern, Francina Armengol.

Sin embargo, pocos días después, 24 horas antes de que el Parlament convalidara el decreto ley, se publicó un BOIB extraordinario el día 27 de junio, en el que desaparecían las referencias a los auditores de la Sindicatura. La consellera Mercedes Garrido envió una comunicación al Parlament para advertirle de los cambios en el texto que se votaba al día siguiente.

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La diputada del PP, Núria Riera, asegura que se trata de un intento de beneficio propio de la consellera, ya que las condiciones de la plaza a la que volverá cuando deje la política habrán mejorado sustancialmente con respecto a las actuales y además gracias a un decreto que firma ella misma. «Es un bochorno ético tremendo», asegura. La medida también habría beneficiado a la presidenta del Consell, Catalina Cladera, y al interventor de la Comunitat, Juan Martín.

Riera añade que la consellera incumplió la ley de incompatibilidades al firmar el decreto ley y quiere saber si la presidenta del Govern, Francina Armengol, estaba informada de toda esta situación. «Es un caso mucho más grave que el de Juli Fuster», asegura tajante.

El PP añade que este cambio de organización interna ni siquiera tenía el visto bueno de la Sindicatura, la entidad afectada, y además provocó enormes tensiones en el cuerpo de interventores de la Comunitat, que se opusieron por escrito a la medida. El PP sostiene que el revuelo es el que provocó la marcha atrás de la Conselleria y la modificación del documento apenas unas horas antes de que lo validara el Parlament.

El Govern desmiente la versión del PP y asegura que se detectaron errores en el documento que se publicó en el BOIB el día 17 de junio. El Ejecutivo sostiene que el texto que se publicó en el BOIB no es el que llegó al Consell de Govern ni el que aprobaron los consellers, por lo que la consellera ni intentó beneficiarse ni incurrió en incompatibilidades. Asegura que, una vez detectado el error, se corrigió y se volvió a publicar, aunque el Govern no informó de que se había aprobado esta corrección de errores.

El apunte
Nekane Domblás

El texto estuvo en vigor dos semanas

Nekane Domblás

La equiparación de los puestos de auditor de la Sindicatura de Comptes e interventor de la Comunitat estuvo vigente entre el 16 de junio, fecha en la que entró en vigor tras su publicación en el BOIB, hasta el 27 de junio, fecha en la que se corrigió en otro BOIB extraordinario un día antes de que lo validará el pleno del Parlament.