Entre los artículos del proyecto, aprobado el pasado 27 de junio por el Consell de Govern, destaca el referente al nuevo régimen de protección preventiva, que establece que, durante la tramitación de un plan de ordenación de los recursos naturales (PORN), de una zona de especial protección para las aves (ZEPA) o de un lugar de interés comunitario (LIC) de la Red Natura 2000, se podrán suspender licencias municipales o detener la tramitación de planes urbanísticos con incidencia sobre el territorio.
Este es, precisamente, uno de los planteamientos que más preocupa a la CAEB y a los demás empresarios. Sostienen en su escrito que el texto remitido al Parlament no genera un marco normativo «estable, predecible, integrado, claro y de certeza», hecho que no facilita su conocimiento y comprensión y, en consecuencia, tampoco facilita la toma de decisiones de las personas y de las empresas.
«Existe una clara indeterminación y confusión porque no sabe exactamente qué es una explotación en curso. ¿Cualquier actividad», se pregunta la CAEB en su escrito. «Se está posibilitando de manera cautelar y durante un periodo de tiempo se dejen sin efecto concesiones o autorizaciones administrativas y sin decir ni una sola palabra de las indemnizaciones que eso genera», añade la patronal.
Los empresarios piden que se suprimen o se modifiquen prácticamente la totalidad de los artículos que incorpora la nueva ley. Consideran «sorprendente» que la Administración se otorgue a sí misma tanto control sobre el sector privado «y sobre su actividad pretenda que no haya ningún control». Los empresarios se refieren, con esta reflexión, a la posibilidad de que los instrumentos de planeamiento de relevancia ambiental no pasen por la fase de evaluación.
«Existen múltiples ejemplos en que determinadas medidas proteccionistas han acabado provocando una pérdida de biodiversidad y una situación de abundancia y sobrepoblación de una especie sobre el resto», señalan los empresarios.
Los promotores y constructores critican que de «facultades exorbitadas» al Govern, que suponen «carta blanca» para tomar decisiones «carenciendo de justificación». Creen que deja a los ciudadanos «en una posición de total inseguridad, aun cuando han conseguido los títulos habilitantes pertinentes» y argumentan que, en el caso de que sean sin licencia, la normativa actual ya permitía evitar la actividad. Respecto a las paralizaciones preventivas, avisan de que los afectados podrían ver su explotación paralizada sin derecho a indemnización. También advierten que se incrementa la burocracia en las tramitaciones e inciden en que la nueva norma pretende fijar en 90 días hábiles el plazo para que la Conselleria emita su informe medioambiental.
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