Vicenç Thomàs, presidente del Parlament de les Illes Balears, y la oficiala mayor de esa misma institución han sido denunciados por prevaricación ante la Oficina de prevención y lucha contra la corrupción, según recoge este lunes mallorcadiario.com.
Los hechos en los que se basa la denuncia son la contratación de forma irregular de dos funcionarios interinos por parte de la oficiala con el consentimiento de Thomàs.
La denuncia con fecha del 10 de mayo de este año se refiere a un incumplimiento del artículo 405 del Código Penal y pide que «se estudie si el hecho denunciado es constitutivo de delito» ya que existe una resolución «mediante la cual se pretendía prolongar la contratación prevista en el mencionado artículo por un periodo superior a los 12 meses».
Vale la pena señalar que el artículo 55,6 del Estatuto de Personal de Parlamente señala que «cuando un puesto de trabajo quede vacante, el letrado oficial mayor puede, en caso de necesidad, proceder a cubrirlo transitoriamente durante un máximo de seis meses, con otro funcionario que cumpla los requisitos y tenga la titulación necesaria para desarrollarlo». Y expresa que «excepcionalmente, cuando las necesidades de servicio lo requieran, o en el caso que se haya iniciado un proceso selectivo para cubrir plazas vacantes, el oficial o la oficiala mayor, con una propuesta motivada, puede prorrogar este plazo a un máximo de seis meses adicionales».
En este caso, según apunta ese medio, "los funcionarios ya llevaban más de un año trabajando en base al citado artículo 55.6 y para volver a prorrogar una vez más el periodo de seis meses». La denunciada, en el informe que elevó a la Mesa del Parlament para justificar esa prórroga, defiende «hasta que la plaza sea cubierta definitivamente». De esta forma, «inventa y falsea el propio art. 55.6 de forma unilateral, sin autorización para su modificación, sin negociación previa con la Junta de Personal ni informes preceptivos y elevando el mismo informe alterado a la Mesa para su aprobación, sin informar de la modificación efectuada, convirtiéndolo en nulo de pleno derecho, además de ocultar a los miembros de la Mesa su actuación, implicándolos así en un posible delito».
Además, la denuncia deja claro que el orden del día de la Mesa y sus contenidos «son aprobados previamente por el presidente, a propuesta de la oficiala mayor».
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